Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, tres exfuncionarios durante la presidencia de Mauricio Macri, fueron denunciados penalmente este lunes por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten debido a los delitos de usurpación de títulos y traición a la patria.
La denuncia presentada por el letrado se generó luego que el Gobierno, a través de Sergio Chodos, acusara a los tres economistas de intentar boicotear las gestiones realizadas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir desembolsos de dinero.
«En mi carácter de ciudadano argentino y en los términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo en nombre propio a formular la presente denuncia criminal en orden a los hechos, que en principio podrían constituir los delitos de usurpación de títulos (Art. 246 del Código Penal), incurriendo además en los delitos de traición a la patria (Art. 222 del Código Penal)», explicó Sánchez Kalbermatten en el documento presentado.
«La investigación deberá verificar la existencia de esas comunicaciones y en calidad de qué estas personas, que no son funcionarios públicos, se contactaron con miembros del FMI y solicitaron medidas que afectarían, no sólo la relación de la Argentina con dicho organismo sino además a la economía misma, instando una corrida», detalló el letrado.
Sánchez Kalbermatten indicó que Lacunza, Prat Gay y Sandleris «estarían usurpando la representación del Estado Argentino ante un organismo internacional sin tener la calidad de funcionarios públicos y, además, prometiendo serlo en un futuro». Además, advirtió que «esta conducta implicaría una usurpación de funciones públicas, prevista en el Artículo 248 del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años».
En la misma línea, Sánchez Kalbermatten advirtió que «la conducta descrita podría ser considerada como un acto de falsificación de documentos públicos, tipificado en el artículo 292 del Código Penal. En este sentido, si las personas han presentado documentos falsos para acreditar su calidad de representantes del Estado, podrían enfrentar una pena de prisión de dos a seis años».