En el sector comercial, a los establecimientos mercantiles se les imponía el pago de unos $6.000 millones mensuales para presuntas actividades de capacitación.
Las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes o contribuciones forzosas a las cámaras patronales, gracia tras conocerse el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Hasta ahora, las cámaras empresariales se basaban en una interpretación exagerada de la Ley 14.250, que fue sancionada en 1953 y reformada en 2004, para exigir contribuciones obligatorias a las empresas, independientemente de si estaban asociadas o no a estas entidades.
Fuentes oficiales explicaron que algunos acuerdos colectivos de trabajo incluían cláusulas que imponían contribuciones a favor de cámaras empresariales firmantes, incluso a empleadores no afiliados.
Sin embargo, el nuevo decreto, firmado por Milei y Sturzenegger señala que estas cláusulas carecen de fundamento normativo, por lo que no se puede exigir el pago de contribuciones a empresas no asociadas.
Este cobro compulsivo, similar a los aportes sindicales, ha generado controversia en diversos sectores productivos y de servicios, como en el caso del sector de comercio en el que -según estimaciones del Gobierno- se les imponía a los establecimientos mercantiles el pago de unos $6.000 millones mensuales para presuntas actividades de capacitación.
La Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recaudaban estos aportes, que equivalían al 0,5% del salario de cada trabajador, es decir, alrededor de $5.000 mensuales. En este sector trabajan aproximadamente 1,2 millones de personas.
Con el nuevo decreto, las empresas que deseen seguir contribuyendo a sus cámaras de manera voluntaria podrán hacerlo, pero ya no será obligatorio.
A partir de la nueva normativa, el Gobierno anunció que no aprobará negociaciones colectivas que obliguen a las empresas a mantener estos aportes, ya que hasta ahora se interpretaba incorrectamente la ley que regula estos convenios.
Numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), habían solicitado la eliminación de estos pagos obligatorios.
Otro caso conflictivo, que incluso llegó a demandas judiciales, involucra a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), entidad que exigía un aporte obligatorio equivalente al 1% de la masa salarial a las empresas del sector, fueran o no socias.
Dicho sector reúne a unos 250.000 trabajadores, lo que significaba una recaudación mensual de $2.500 millones para la entidad, según estimaciones.