Un grupo de estudiantes, familiares y docentes de escuelas técnicas presentó en las últimas horas una acción de amparo ante la Justicia para frenar la aplicación del artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, al advertir que la norma implica un fuerte desfinanciamiento educativo y vulnera derechos constitucionales.
La presentación quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, y apunta contra una serie de modificaciones aprobadas por el Congreso a fines del año pasado y promulgadas el 2 de enero por el Poder Ejecutivo.
Qué cambia el artículo 30 del Presupuesto 2026
El artículo cuestionado introdujo tres modificaciones clave al esquema de financiamiento educativo. En primer lugar, eliminó la meta del 6% del PBI destinada a educación, establecida por la Ley de Educación Nacional.
Además, derogó los artículos de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban parámetros mínimos de financiamiento para el sector. Por último, suspendió el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba un piso del 0,2% del presupuesto nacional para las escuelas técnicas.
Desde el colectivo impulsor del amparo señalaron que, en los hechos, la norma derogó el piso de financiamiento y la ecuanimidad en la distribución de recursos para la educación técnica en todo el país.
Los argumentos de inconstitucionalidad
Los demandantes sostienen que el artículo 30 es inconstitucional porque “viola principios básicos del orden constitucional argentino y derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Entre los principales argumentos, afirmaron que una ley de presupuesto no puede derogar leyes estructurales ni derechos adquiridos. “La ley de leyes tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales”, advirtieron.
“Usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío del poder legislativo y una violación al principio republicano”, remarcaron, y agregaron que el recorte no guarda proporción con ningún fin constitucionalmente válido.
Un recorte del 93% en educación técnica
El ajuste sobre la educación técnica se inscribe en un escenario de fuerte reducción presupuestaria. Según detallaron los impulsores del amparo, el recorte alcanza el 93% en el Presupuesto 2026 respecto de valores equivalentes de 2023.
Para este año, la administración de Javier Milei asignó 11 mil millones de pesos a la educación técnica, muy por debajo de los 322 mil millones que surgirían de aplicar el 0,2% previsto en la Ley de Educación Técnico Profesional.
Desde las escuelas técnicas también alertaron por la precarización laboral y académica. “Hoy la Argentina maneja un promedio de titularizaciones del 17%, cuando la media de los países industrializados ronda el 30%”, señalaron.
El reclamo judicial y los próximos pasos
La acción de amparo fue presentada por dos estudiantes de escuelas técnicas, acompañados por sus padres, en representación de un colectivo integrado por familias, docentes y alumnos de distintas instituciones del país.