La discusión sobre el impuesto a los combustibles volvió a poner en tensión la relación entre las provincias y la Nación. Mientras los gobernadores buscan asegurar fondos para infraestructura vial y garantizar la redistribución de recursos, la sesión en la Cámara de Diputados dejó proyectos suspendidos y una serie de advertencias sobre los impactos económicos del sistema actual.
El miércoles pasado, los 24 gobernadores lograron convertir en ley el proyecto de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pero la discusión sobre el impuesto a los combustibles quedó suspendida. La iniciativa buscaba reducir la discrecionalidad de Nación para disponer de esos fondos, muchos de los cuales deberían destinarse al mantenimiento de rutas.
«Lo recaudan pero no lo reparten», se quejaron los mandatarios, motivando la redacción conjunta del proyecto que, por ahora, quedó en suspenso. Un relevamiento de legisladores opositores reveló que más del 88% de los ingresos al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) en 2024 no se asignaron a su fin específico, sino que fueron desviados a fondos ociosos o a inversiones financieras.
Según los datos, los recursos nominales del SISVIAL ascendieron a $218.698.452.618 en plazos fijos del Banco Nación, con un acumulado anual de $247.627.935.459, de los cuales solo se pagaron $40.668.907.786 a beneficiarios, incluyendo asignaciones al fondo de reparo.
Fideicomisos y rutas en la mira
El proyecto que empujan las provincias proponía eliminar seis fideicomisos vinculados a infraestructura y transporte, incluyendo Infraestructura Hídrica, Sistema Vial Integrado y Desarrollo Eléctrico del Interior, entre otros. La intención era concentrar los recursos y asegurar su destino, evitando desvíos y garantizando inversión en obra pública estratégica.
El impuesto a las naftas tiene impacto directo sobre las rutas nacionales. Algunos mandatarios denunciaron el «abandono» de las trazas y judicializaron la pulseada para que se les transfiera la administración de distintas vías y se puedan acondicionar. Los datos de la Cuenta de Inversión 2024 muestran que solo se cumplió el 24% del programa “Pavimentación de Rutas Nacionales”: se finalizaron 49,45 km de un plan de 205,15 km, con desvíos causados por obras paralizadas o neutralizadas.
La sesión del Congreso terminó antes de tratar el proyecto sobre combustibles. Según fuentes parlamentarias, la decisión del bloque de Unión por la Patria (UP) se relacionó con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad y el temor a posibles derrotas políticas.
«Claramente no comparto lo que hicieron», admitió una dirigente con terminales en un jefe provincial norteño, aunque reconoció que ya trabajan para asegurar los votos en la próxima sesión: «Hay que mirar para adelante, lo importante es que salga».
En paralelo, la votación que redistribuye los ATN se convirtió en ley con 163 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones, aunque ahora espera el anunciado veto del presidente Javier Milei para volver al parlamento.
El retraso en la discusión sobre el impuesto a los combustibles y la aplicación discrecional de fondos provinciales genera preocupación por la parálisis de la obra pública, la caída de la recaudación y el impacto en la coparticipación. El Consejo Federal de Inversiones (CFI) funcionó como escenario de presión, donde los jefes provinciales alertaron sobre el riesgo de desfinanciamiento de sus jurisdicciones.
La decisión de La Libertad Avanza de presentar candidatos propios en todo el país también agita el tablero político, incluso entre aliados históricos del presidente, mostrando que el manejo de recursos y obras se mantiene como un tema central de negociación y disputa política.