En la Casa Rosada apuntan a poder conseguir los acuerdos necesarios para poder avanzar con la norma que abarca cuestiones fiscales, judiciales y económicas.
El Gobierno recibía en Casa Rosada a jefes de bloque del Senado para analizar la agenda legislativa de la Cámara alta, luego de haber enviado ayer a legisladores el último borrador de la nueva Ley Bases, que abarca cuestiones fiscales, judiciales y económicas, con el objetivo de poder conseguir los acuerdos necesarios para poder avanzar con la norma.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro del Interior, Guillermo Francos, se encontraban en representación del Ejecutivo en el encuentro que se llevaba a cabo en el Salón de los Escudos de Balcarce 50.
Hasta el miércoles de la semana que viene, Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo, ya que el presidente Javier Milei se encuentra en una gira internacional por Estados Unidos y Dinamarca.
Junto a ellos estaban el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y los legisladores y presidentes de bloque, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Luis Juez (Frente Pro), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical).
También, formaban parte de la reunión el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
El nuevo borrador
La segunda ley ómnibus fue recibida por los legisladores de los bloques dialoguistas y gobernadores, con quienes el oficialismo busca acordar antes de llegar a las instancia de debate oficial.
El proyecto de Bases tiene más de 180 páginas, 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre otros puntos.
Incluye además la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y la delegación de facultades al Ejecutivo.
Si bien incluye modificaciones en el empleo público, no incluye la reforma laboral aunque no se descarta que sea incluída en el dictamen.