Un sector del oficialismo impulsa la iniciativa, pese a la resistencia de los gobernadores del Norte Grande. Si para el 30 de noviembre no obtiene dictamen volverá a perder estado parlamentario.
Esta semana se juega el futuro de la Ley de Humedales. Luego de 10 años de bloqueos y excusas dilatorias, el jueves se reunirá un plenario de comisiones con el objetivo de dictaminar, finalmente, la iniciativa que busca inventariar y regular el uso de ecosistemas que funcionan como importantes reservorios de agua. El panorama, sin embargo, está lejos de ser auspicioso. El Frente de Todos, con Leonardo Grosso a la cabeza, busca impulsar un proyecto que cuenta con el respaldo de decenas de organizaciones ambientales pero no de todo su bloque. El lobby de los gobernadores del Norte Grande presiona con fuerza y les diputades que les responden – muchos, oficialistas – ponen en duda su acompañamiento. Juntos por el Cambio, mientras tanto, unificará su postura y, luego de haber dado el faltazo la semana pasada, participará del plenario con la expectativa de poder imponer su propio dictamen. En un debate que divide posiciones dentro de todas las coaliciones – similar a lo que pasó con la legalización del aborto -, el oficialismo que impulsa la ley se lamenta frente a la falta de iniciativa del propio Ejecutivo, a quien acusa de haberse borrado de la discusión.
«Vamos a buscar un acuerdo lo más transversal posible, pero este jueves sí o sí vamos a dictaminar. Ya no hay más margen para dilatarlo», afirmó, tajante, uno de los diputados que viene impulsando, desde hace meses, la aprobación de la Ley de Humedales. Entre les legisladores más «ambientalistas» predomina la sensación de que el tiempo se agotó. El 30 de noviembre finalizan las sesiones ordinarias – aunque la mayoría pone como fecha límite el 20, cuando empieza el Mundial – y si para entonces no hay dictamen la iniciativa volverá a perder estado parlamentario. El proyecto, originalmente, iba a ser dictaminado a fines de septiembre, pero a último momento los 10 gobernadores del Norte metieron la cola – 8 peronistas, 2 radicales y con Gerardo Morales encabezando la embestida – y llevó a que, por común acuerdo con el bloque oficialista, la discusión se terminará empantanando. Sin embargo, una vez finalizadas las negociaciones por el Presupuesto 2023 – que habían concentrado toda la atención y energía de la Cámara de Diputados -, el debate se retomó la semana pasada y así fue que comenzó la cuenta regresiva.
Por un lado está el proyecto que lleva la firma de Leonardo Grosso y que sintetiza un dictamen que se había consensuado, entre distintos bloques, allá por 2020. La iniciativa cuenta con el respaldo de Graciela Camaño (Identidad bonaerense) y les socialistas santafesinos, así como del interbloque Provincias Unidas y una parte importante del FdT. Si el bloque oficialista estuviera alineado, el proyecto podría aprobarse en el recinto, pero existe una fuerte resistencia de parte de provincias como San Juan, Catamarca, La Rioja y Salta. Provincias que, básicamente, tienen a la minería como principal motor de sus economías. «El proyecto es un disparate, así no sale», repetían varios diputados peronistas que ponían el grito en el cielo – en sintonía con la estrategia de sus gobernadores – frente a la posibilidad de que la ley pudiera intervenir con el desarrollo productivo de sus territorios.
Si bien los impulsores del proyecto repetían que «la ley no va contra la producción sino que busca un desarrollo sostenible», se avanzó con varias modificaciones para hacer el texto más amigable con los reclamos de los gobernadores. «Todo lo que pidieron los gobernadores en el comunicado nosotros lo pusimos en el dictamen. Pero se hacen los boludos porque no quieren que haya ley», sostuvo otro diputado del FdT que impulsa el proyecto. Como resultado de las negociaciones con los compañeros de bloque que se oponían a la ley, el proyecto de Grosso sufrió varios cambios. Se suspendió la moratoria que prohibía realizar actividades productivas en el humedal hasta que se lo hubiera catalogado. Se le dio más protagonismo a las provincias en la elaboración del Inventario Nacional de Humedales – el más fuerte de los reclamos de los gobernadores, que no querían que se avanzara sobre las autoridades provinciales – y quedará prácticamente en manos de las jurisdicciones el proceso de inventariado, al igual que el ordenamiento territorial. A pesar de los cambios, sin embargo, todavía hay una gran resistencia interna.
Una de las mayores preocupaciones del bloque oficialista – y uno de los motivos por los cuales se suspendió la reunión plenaria de fines de septiembre – es que JxC termine unificando su postura en un solo dictamen y logre imponerlo como dictamen de mayoría. Al igual que el FdT, el interbloque opositor tiene miradas contrapuestas respecto a la ley de Humedales que se habían visto encarnadas en proyectos muy diferentes. Por un lado, el de Jorge Vara, diputado radical correntino que sostiene una mirada más «productivista» y cuenta con el respaldo de Ricardo Buryaile y gran parte de JxC. Por el otro, el de Maximiliano Ferraro (CC) y Ximena García (UCR), que iba más en línea con el de Grosso. «Muchos de ellos quieren que salga la ley, ahora cuando se pudre no aparece ninguna», cuestionó un legislador peronista, haciendo referencia al faltazo que pegó todo JxC en la última reunión plenaria, con Buryaile negándose a que participara la comisión de Agricultura – a la cual preside – bajo excusas reglamentarias.
Este jueves, sin embargo, JxC participará y lo hará unificando los proyectos de Vara, Ferraro y García. «Todo el interbloque va a acompañar esa iniciativa», aseguró un diputado radical, zanjando las especulaciones en torno a si algunos podrían acompañar el proyecto del oficialismo. La gran duda es si el FdT, junto a aliados pero sin el acompañamiento de algunos propios, podrá juntar más firmas que JxC a la hora de dictaminar. «Yo no voy a dejar que el FdT, que no pudo traer a ninguno de sus gobernadores, me corra por izquierda», cuestionó un cambiemita.
«El gobierno tendría que haber bancado la ley de Humedales y ordenar a los gobernadores para que voten. Fue su propio spot de campaña», sostuvo, enojado, un diputado del FdT. En el bloque hay mucha irritación por el mutis del Poder Ejecutivo en todo el debate – tanto del presidente Alberto Fernández como del ministro de Ambiente, Juan Cabandié -, a quien acusan de haberlos dejado «solos» para negociar con las provincias. Frente a esa ausencia, las divisiones internas despiertan las alarmas entre las autoridades del bloque – como de su presidente, Germán Martínez, o de su secretaria parlamentaria, Paula Penacca (La Cámpora) -, quienes apoyan la ley pero no quieren generar fracturas internas. Menos si después no van a estar los votos para aprobar la ley en el recinto. «Si no se rompió cuando la mitad del bloque votó en contra del acuerdo del FMI, no va a pasar ahora», le quitó peso un legislador oficialista que insiste que, pase lo que pase, el jueves habrá dictamen.
Fuente: Página 12