El juez tomó la decisión tras los tos testimonios de recolectores de residuos que hablaron con la víctima.
El repositor de matafuegos que estaba detenido por el crimen de su madre, María Cristina De Vincentiis, la jubilada asesinada de un cuchillazo en el cuello en su casa de la localidad bonaerense de San Isidro, fue liberado hoy por falta de pruebas, aunque seguirá siendo investigado, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Aldo Di Paolo (65), a quien el juez de Garantías sanisidrense Ricardo Costa le dictó la falta de mérito al rechazar el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal de la causa, Carolina Asprella.
Según las fuentes judiciales, el giro en la causa se debió a que la fiscalía produjo nueva prueba que puso en duda cuándo se produjo el crimen de la jubilada de 90 años.
Hasta ahora se creía que el crimen había ocurrido el 6 de marzo, cuando se veía en imágenes de una cámara de seguridad a Di Paolo entrar y salir de la casa, y también se lo observaba volver a entrar y salir dos días después, cuando se produjo el hallazgo del cuerpo.
Sin embargo, a partir de un análisis exhaustivo de los videos de la cámara de la fábrica ubicada frente al domicilio se descubrió que el 7 de marzo por la mañana un camión recolector de residuos paró y los recolectores se quedaron unos minutos en el porche de la casa de la víctima.
Ante esta situación, la fiscal los identificó, los llamó a testificar y estos trabajadores declararon que la jubilada estaba sentada en la silla de ruedas, que hablaron con ella y retiraron unas botellas, detallaron a Télam los voceros consultados.
Di Paolo fue quien el miércoles 8 de marzo pasado por la noche llamó a la Policía para decir que había encontrado muerta a su madre en su domicilio de Avellaneda 1314 de Las Lomas de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense, y denunció el faltante de una serie de joyas y del celular de la víctima.
La jubilada de nacionalidad italiana estaba tendida en el comedor cocina de la vivienda, con una cuchilla de cocina con mango de madera de la propia casa, clavado en el cuello.
Si bien se planteó como hipótesis inicial la de un homicidio en ocasión de robo en el marco de una entradera, la fiscal investigó al hijo.
En ese marco, y en función de una serie de contradicciones y las imágenes de las cámaras, Asprella solicitó la detención de Di Paolo, quien vive a la vuelta de la escena del crimen.
A su vez, en el allanamiento realizado en el domicilio del hombre, en la calle Herrera 886, la Policía secuestró 3.000 dólares, 900.000 pesos, dos tablets, una notebook, dos teléfonos celulares y un almohadón con aparentes manchas de sangre.
En su declaración indagatoria, el hijo de la jubilada negó haber cometido el crimen de su madre, y cambió el día en el que dijo haber ido por última vez a la casa de la víctima, ya que en su relato como testigo había dicho que lo hizo el domingo, pero como imputado – y sabiendo que había videos-, afirmó que había ido el lunes 6 de marzo.
Además, reconoció que quedó grabado por «las cámaras saliendo del domicilio» de su madre con bolsas porque, según él, «llevó mercadería para esa casa».
Posteriormente, los peritos determinaron que el cadáver de la jubilada fue movido de lugar en el lugar del hecho en el marco de una presunta maniobra para montar la escena del crimen.
«Montó una escena en el lugar, compatible con un hecho de sustracción, para lo cual generó un contexto de desorden, movió el cuerpo de la víctima de la posición en que se encontraba al tiempo de su fallecimiento, e indicó la posible sustracción de elementos de valor pecuniarios, tales como joyas, teléfono celular y dinero en efectivo; circunstancias generadas para procurar su impunidad», escribió la fiscal en el acta de la indagatoria a Di Paolo, a la que accedió Télam.
Hasta esta tarde, el hijo de la víctima estaba formalmente detenido por el delito de «homicidio doblemente agravado por el vínculo y por la alevosía», el cual prevé la pena de prisión perpetua.