El sector respaldó el endurecimiento de la posición argentina frente a la explotación unilateral de recursos en las Islas, pero reclamó incorporar a la pesca dentro de la nueva estrategia. Advierten que mientras el debate actual se concentra en la futura explotación petrolera, el Reino Unido mantiene desde hace décadas un sistema de licencias que permite extraer cientos de miles de toneladas anuales del patrimonio pesquero del Atlántico Sur.
La decisión del Gobierno nacional de profundizar las acciones contra la explotación británica de recursos naturales en las Islas Malvinas abrió un nuevo capítulo en el histórico reclamo argentino de soberanía. Sin embargo, desde la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) advirtieron que la defensa de esos recursos no debería concentrarse exclusivamente en los hidrocarburos y reclamaron incorporar expresamente a la pesca dentro de la nueva estrategia argentina.
La entidad considera que el nuevo escenario abre una discusión mucho más amplia: “si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”.
La cuestión adquiere particular importancia porque el propio Gobierno anunció que las medidas de protección no se limitarán exclusivamente a los hidrocarburos, sino que podrán extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
En ese sentido, Raúl Cereseto, presidente de FULASP, consideró que la pesca debería ocupar un lugar central en esa ampliación. “El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía. La diferencia es que hoy estamos intentando impedir una explotación petrolera futura mientras nuestros recursos pesqueros se explotan desde hace décadas”, afirmó.
El organismo viene investigando desde hace años el sistema pesquero establecido alrededor de las Islas Malvinas. Uno de sus últimos relevamientos determinó que durante 2024 las capturas en aguas bajo administración británica alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los mayores registros de los últimos años. De ese volumen, 146.689 toneladas correspondieron solamente al calamar Illex argentinus.
La dimensión económica del esquema también resulta significativa. Según la investigación, se perciben aproximadamente 39 millones de libras esterlinas anuales por permisos pesqueros, dentro de una actividad que constituye el principal sostén económico de las islas.
En plena temporada operan normalmente entre 100 y 120 buques con licencia activa por año, mientras que durante los momentos de mayor concentración pesquera —particularmente en las temporadas de calamar— pueden encontrarse más de 130 embarcaciones operando simultáneamente.
Para FULASP, estos números permiten introducir una diferencia fundamental respecto del actual debate sobre los hidrocarburos: “la explotación pesquera a partir de permisos espúreos no constituye una amenaza eventual ni un proyecto que podría materializarse dentro de algunos años, sino que es una actividad económica ilícita de enorme magnitud que ya existe y que lleva décadas desarrollándose”.
“No estamos diciendo que el petróleo no sea importante. Todo lo contrario. Lo que planteamos es que no podemos defender con enorme firmeza el recurso que podría extraerse mañana y relegar el que se está extrayendo hoy. Si la defensa de los recursos naturales argentinos va a convertirse en una política de Estado, la pesca necesariamente tiene que formar parte”, sostuvo Cereseto.
Existe además una cuestión biológica que, según FULASP, diferencia a los recursos pesqueros de otros recursos naturales: “los peces y calamares se desplazan”. Los propios documentos pesqueros analizados por la Fundación reconocen el carácter migratorio de distintas especies explotadas en la región y sus desplazamientos entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas administradas por el Reino Unido.
Entre ellas aparecen recursos de enorme importancia económica y ambiental como la merluza común (Merluccius hubbsi), el calamar Illex (Illex argentinus), la polaca (Micromesistius australis), la merluza de cola (Macruronus magellanicus) y el bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides).
Esta característica convierte a la explotación intensiva realizada en una jurisdicción en un fenómeno con consecuencias potenciales sobre todo el ecosistema regional.
La Fundación ya había advertido, además, que algunas embarcaciones que operan bajo licencias británicas posteriormente desarrollan actividad sobre el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina, aumentando todavía más la presión sobre los mismos recursos migratorios.
“Los peces no entienden de líneas dibujadas sobre un mapa. Estamos hablando de poblaciones que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y migran a través de un mismo ecosistema. Por eso defender los recursos pesqueros también significa defender el Atlántico Sur”, explicó Cereseto.
No se trata, según la entidad, de enfrentar petróleo contra pesca ni de establecer qué recurso posee mayor importancia. El planteo consiste en reconocer que hidrocarburos, pesca, biodiversidad y espacios marítimos forman parte de una misma estructura de recursos naturales vinculada con la controversia de soberanía.
En este contexto, FULASP destacó la política de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal que viene aplicando la Argentina dentro de su Zona Económica Exclusiva y el fortalecimiento de los mecanismos tecnológicos de detección y fiscalización. Durante 2026, el Gobierno nacional ya sancionó a cinco buques extranjeros por infracciones vinculadas con operaciones pesqueras dentro de aguas argentinas. El último caso fue el pesquero español Farruco, precedido por los buques Bao Feng, Bao Win, Coimbra y Hai Xiang 2. La Fundación considera que estas actuaciones constituyen una señal positiva y demuestran que el país dispone de herramientas jurídicas, tecnológicas y operativas para proteger sus recursos cuando existe capacidad efectiva de detección y sanción.
Para la entidad, precisamente esa experiencia debería servir como antecedente para elevar el nivel político, diplomático y jurídico de la defensa de los recursos pesqueros vinculados a Malvinas y al Atlántico Sur. Esto también supondría estudiar herramientas diplomáticas, jurídicas y comerciales funcionales a repeler actividades que involucren recursos migratorios de importancia estratégica para la Argentina.
“No pedimos cambiar la dirección de la política argentina; pedimos ampliarla. Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos los recursos”, afirmó Cereseto.
Para la Fundación, el actual escenario representa una oportunidad para ampliar definitivamente la concepción argentina sobre la cuestión Malvinas. La soberanía no involucra únicamente la superficie terrestre de las islas. Comprende también los espacios marítimos correspondientes, su biodiversidad y los recursos naturales que albergan. “Malvinas también es el mar. Argentina está demostrando dentro de su Zona Económica Exclusiva que puede detectar y sancionar a quienes vulneran nuestras leyes pesqueras. Ahora tenemos una oportunidad histórica para dar un paso más: que la misma firmeza con la que defendemos el petróleo alcance también a los peces. Porque defender Malvinas también significa defender los recursos que viven en sus aguas”, concluyen.