El Gobierno convocó para este miércoles a gobernadores y representantes de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño.
La reunión, pedida por los mandatarios provinciales, se realizará a las 11 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y será encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro.
Los gobernadores confirmados hasta el momento son Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
En otros casos asistirán funcionarios de alto rango, mientras que Mendoza y Corrientes no asistirán a la convocatoria solicitada por sus pares.
En el encuentro, además, participará el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y la secretaria de Provincias, SIlvina Batakis.
Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión de Mauricio Macri.
A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.
En la Casa Rosada hay preocupación de que se convalide «semejante arbitrariedad» porque «es un número que va a impactar presupuesto 2022», dijeron fuentes oficiales.
Además, sostienen que el planteo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto «anticonstitucional» y lo que se discute es «una mediación sobre montos».
En ese sentido, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, «dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)», graficaron a Télam los voceros del Gobierno, que podría alcanzar más de $ 130 mil millones este año, lo «que afectaría presupuesto nacional».
«Esos $130 mil millones de pesos van a Ciudad y no a otro lado, y por eso en la reunión se va a transmitir a los gobernadores la gravedad de la situación», aseguraron en la Casa Rosada, porque «no es un fallo menor» que, en caso de ser desfavorable, causará un «desbalance en el sistema presupuestario y político».
La reunión fue pedida por los gobernadores porque las provincias «son parte del tema, porque es una discusión del sistema federal», señalaron, y explicaron que «ese dinero va al presupuesto nacional y se gasta en obras» en todo el país.