Mariana Tulián, referente del Área de pueblos originarios de la Secretaría de Relaciones con la comunidad visitó los estudios de MEDIOS RIOJA y se refirió a la polémica declaración, negacionista y racista del espacio de Juntos por el Cambio en Mendoza.
“Miguel Ángel Pichetto, además de otras barbaridades que dijo, juega un papel importante porque se genera en un objeto simbolico preexistente a la nación”, dijo sobre el legislador de la oposición quien meses atrás también atacó la figura de la ministra de la Mujer, Ayelén Mazina.
En ese sentido, Tulián sostuvo que “decir que el pueblo mapuche no es argentino viene desde mucho antes. Un estado se conformó armando una elite, conformando conglomerados de terratenientes que aún están disputando el país: como Bullrrich por dar un ejemplo”.
“Pichetto agradeció el trabajo de Roca, y agradecer un genocidio va en contra de la legitimidad de los pueblos indígenas”, asumió.
A su modo de ver, “el proyecto va a beneficiar a las empresas petroleras, quienes salen a disputar ese territorio, que es una zona que quieren anexar a Vaca Muerta. Son intereses manifiestos en contra de grandes empresas poderosas, y esto sucede a lo largo y ancho del país”.
“Los pueblos indígenas son víctimas una vez más de este tipo de decisiones”, argumentó.
Además, dijo que, “se pretende hacer creer a la sociedad que el pueblo mapuche no es argentino. Poner en duda a los pueblos preexistentes es una historia mal contada”.
Sucede que a principio de año, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) reconoció, en base a un estudio histórico antropológico, la “ocupación actual, tradicional y pública” sobre 21.500 hectáreas ubicadas en sur mendocino a las comunidades mapuches lof El Sosneado (en San Rafael), lof Suyai Levfv y Limay Kurref (en Malargüe). La medida se enmarca en la ley de Emergencia Territorial Indígena, que obliga al gobierno a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades originarias en pos de otrogarles el “el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” y prohibir desalojos y embargos. Se trató, sin dudas, de un paso adelante en la lucha del pueblo mapuche en defensa del territorio. Los dueños del poder, dolidos, sangran por la herida.
Tanto el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez (UCR), el senador mendocino y exgobernador, Alfredo Cornejo (UCR), como los intendentes de Malargüe, Juan Manuel Ojeda (UCR), y de San Rafael, Emir Félix (PJ) salieron a cuestionar la resolución del Inai, esgrimiendo el argumento falaz de que los mapuches “nunca vivieron en Mendoza”. Discurso del cual se hicieron eco rápidamente las cámaras empresariales y turísticas de la provincia. La votación en la legislatura es parte de esta campaña de persecución contra los pueblos originarios, en beneficio del lucro privado.
Tildándolos de “usurpadores” pretenden legitimar su expulsión para que los empresarios puedan usufructuar económicamente de esas tierras. Reclaman los terrenos fundamentalmente para la explotación petrolera, puesto que hay ocho concesiones a empresas hidrocarburíferas que se encuentran dentro del territorio mapuche. A su vez, el gobierno de Suárez busca extender el fracking en la zona (que es parte de la formación de Vaca Muerta), lo cual se choca con una importante resistencia popular en la provincia, que rechaza que un recurso tan escaso como el agua sea dilapidado en hidrofracturas. Por ese motivo, en Mendoza, de 150 pozos proyectados en 2017 solo avanzaron 25.
Los mapuches del sur de Mendoza estuvieron a la cabeza de la lucha contra esta práctica contaminante. Lograron impedir en 2018, mediante una presentación judicial, que la empresa El Trébol-UGA (de la cual forma parte el grupo Vila-Manzano) lleve adelante un emprendimiento de fracking en Malargüe. Tenían la experiencia de lo ocurrido en 2017 en esa zona, donde la experiencia piloto de fracking en Cerro el Pencal produjo incidentes y derrames. Por lo tanto, la acusación del gobernador y el empresariado mendocino de que, al haber obtenido un reconocimiento oficial sobre su territorio, los mapuches pasarán a adueñarse de “los pozos de Vaca Muerta” busca ocultar que los que verdaderamente saquean los recursos naturales del país son los capitalistas y sus gobiernos, no los indígenas que enfrentan la depredación ambiental que generan estos proyectos extractivistas.
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