El proyecto PSJ en Uspallata promete una millonaria inversión, pero organizaciones socioambientales advierten sobre el uso de agua y el riesgo en una provincia con extrema fragilidad hídrica. El antecedente de 2019 vuelve a resonar.
Mendoza afrontará este martes una jornada decisiva. Desde las 9.30, el Senado provincial debatirá la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del megaproyecto de cobre PSJ Cobre Mendocino —conocido informalmente como mina San Jorge— ubicado en Uspallata y financiado por capitales suizos y argentinos.
Según un comunicado de la empresa, la mina podría operar durante 27 años e implicaría una inversión total de 559 millones de dólares, de los cuales 15 millones se desembolsarían en el primer año. El proyecto ya cuenta con la aprobación de Diputados, por lo que un voto afirmativo del Senado —un escenario favorable para el gobernador Alfredo Cornejo— habilitaría la primera explotación minera de este tipo en la provincia.
Cornejo, alineado políticamente con Javier Milei, reiteró su apuesta por el sector. “El objetivo de mi primer mandato fue poner la casa en orden, pero ahora nos hemos propuesto abrir la casa al progreso, y la minería será el motor de ese progreso”, dijo en marzo. Este lunes, Milei respaldó públicamente la iniciativa: “Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera. Esta nueva Argentina crecerá de la mano del campo, la energía y la minería”, escribió en X.
El oficialismo también buscará avanzar con otras tres iniciativas clave: el Fondo de Compensación Ambiental, el régimen de Regalías Mineras y las Declaraciones de Impacto Ambiental del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II.
Una provincia movilizada
La votación llega en medio de una masiva movilización convocada por organizaciones socioambientales bajo la consigna “el agua no se negocia”. La Asamblea Popular por el Agua llamó a concentrarse desde distintos puntos de la provincia durante el lunes para llegar este martes a la Legislatura, donde la gobernación dispuso un fuerte operativo de seguridad.
Los asambleístas advierten sobre los posibles impactos ambientales del proyecto: la contaminación química de la cuenca de Uspallata, que desemboca en el río Mendoza —del cual dependen más de un millón y medio de habitantes—, y el riesgo de agravar la sequía que afecta a la provincia desde hace 15 años. Como antecedente, mencionan el derrame de cianuro ocurrido en 2015 en la mina Veladero, en San Juan, considerado el mayor de la historia argentina.
“Somos tres de cada cuatro mendocinos los que vivimos dentro de la cuenca del río Mendoza. No tenemos garantías de que la mina, tal y como está diseñada y aprobada por el gobierno, no pueda contaminar el acuífero de Uspallata”, afirmó a TN Marcelo Giraud, geógrafo y docente de la UNCuyo.
La ministra de Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, rechazó estas acusaciones: “Es falso que haya riesgos de contaminación de la cuenca del Mendoza”. Sin embargo, informes técnicos del Conicet y la Universidad de Cuyo señalan que la información presentada por la empresa es “insuficiente” o “deficiente” para determinar el verdadero impacto del emprendimiento.
La polémica por el empleo
Otro punto de conflicto es la proyección de empleo. Giraud cuestionó la veracidad de las cifras difundidas por la empresa: “Aseguran que van a generar 3.900 puestos en la construcción y 2.400 en la operación, pero en el expediente oficial reconocen menos”.
TN verificó una marcada discrepancia: mientras el estudio de impacto ambiental habla de 1.200 empleos en la construcción y 700 en la operación, un comunicado de la empresa del 10 de enero eleva esas cifras a 3.900 y 2.400 respectivamente. La compañía fue consultada sobre estas inconsistencias y sobre las denuncias ambientales, pero aún no respondió.
El antecedente que volvió a encender las alarmas
La discusión revive el traumático episodio de 2019, cuando el Gobierno de Rodolfo Suárez impulsó modificaciones a la Ley 7722 —que desde 2007 restringe el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico en la minería metalífera— para permitir proyectos bajo un marco más flexible.
La reacción social fue inmediata: marchas multitudinarias, cortes de ruta y una de las protestas ambientales más grandes de la historia mendocina. El Gobierno dio marcha atrás en menos de diez días y la ley fue restituida en su versión original.
Hoy, con otra votación clave sobre la mesa, el recuerdo de aquella revuelta vuelve a marcar el pulso de un debate que divide a Mendoza entre la promesa del desarrollo económico y el temor por la preservación del agua.