La Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, Contra el Maltrato Animal y No Especializados informó este martes un cambio drástico en la situación legal de la mujer cuya identidad se vincula a las recientes pintadas amenazantes en establecimientos educativos de la provincia.
Lo que inició como una imputación por instigación, se transformó en una detención efectiva con traslado a la Penitenciaría Provincial debido a la gravedad de los hechos y la participación de un menor de edad.
De «Instigación» a «Intimidación Pública Agravada»
El fiscal a cargo, el Dr. Juan Manuel Sánchez, decidió endurecer el encuadre legal tras analizar el contexto de alarma social. Los puntos clave de la resolución son:
El detonante: El hecho de que el menor haya ingresado a un establecimiento escolar con una réplica de arma de fuego.
Nueva calificación: La progenitora ahora enfrenta cargos por Intimidación Pública agravada por la participación de un menor (Art. 211 y 41 quater del Código Penal).
La pena: Bajo esta nueva figura, la expectativa de castigo se eleva significativamente, oscilando entre los 3 y 8 años de prisión, lo que implica una pena de cumplimiento efectivo.
Prisión preventiva y traslado al penal
La Justicia determinó el alojamiento de la mujer en la Penitenciaría Provincial bajo la modalidad de detención preventiva. Según el comunicado oficial, el fiscal valoró que la acusada actuó a pesar del «notorio conocimiento» del temor generalizado que existía en las comunidades educativas.
»Se valoró la particular situación de instigar a un adolescente del cual resulta ser progenitora, sumado a la severidad de la escala penal», detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.
La investigación continúa para determinar si existen más implicados en la ola de amenazas que ha mantenido en alerta a las escuelas de la provincia en los últimos días.