*Por Ivanna Azcárate
Hoy, 28 de mayo, conmemoramos el Día Internacional de la Higiene Menstrual, una fecha que nos invita a reflexionar sobre una realidad que afecta a millones de mujeres y personas menstruantes en todo el mundo.
La higiene menstrual implica más que el acceso a productos como toallitas, tampones o copas menstruales. Incluye también la disponibilidad de agua limpia, instalaciones sanitarias adecuadas y educación sobre el ciclo menstrual. Sin embargo, para muchas, esto sigue siendo inaccesible.
En nuestro país, según datos recientes, el costo anual promedio por persona para productos menstruales supera los $140.000, representando casi un tercio del salario mínimo vital y móvil.
Este aumento de mas del 6.000% desde 2018 refleja una inflación descontrolada y una falta de políticas públicas que aborden esta necesidad básica.

Además, el gobierno actual ha eliminado programas como MenstruAR, que garantizaban el acceso gratuito a productos de gestión menstrual para sectores vulnerables.
Esta decisión profundiza la desigualdad y expone a muchas a situaciones de precariedad e incluso riesgos para su salud.

Pero no hay que dejar de hablar que es un problemática global.
La pobreza menstrual afecta a mujeres, niñas y personas menstruantes en el mundo. A nivel global, más de 500 millones de personas no tienen acceso adecuado a productos menstruales ni a instalaciones seguras y privadas para su uso, según datos de la ONU y UNICEF.
En países de bajos ingresos, 1 de cada 10 niñas falta a la escuela durante su período, lo que genera un impacto directo en su educación y oportunidades futuras. En India, el 23% de las niñas deja la escuela después de su primera menstruación. En África subsahariana, solo el 27% de las escuelas primarias cuentan con servicios básicos de saneamiento adecuados para la higiene menstrual.
Esta pobreza menstrual no solo afecta la salud física, sino que también limita el acceso a la educación y al trabajo, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.

¿Qué hacen otros países?
Mientras tanto, algunos países han comenzado a dar pasos concretos:
●Escocia, en 2020, se convirtió en el primer país del mundo en garantizar por ley el acceso gratuito a productos de gestión menstrual en todos los edificios públicos.
●Nueva Zelanda implementó en 2021 un programa nacional para proveer productos menstruales gratuitos en todas las escuelas públicas.
●En Kenia, desde 2011, existe una política estatal que distribuye productos gratuitos a niñas en situación de vulnerabilidad escolar.
●En América Latina, países como Colombia han eliminado el IVA a productos menstruales desde 2019, y estados de México han comenzado a legislar para garantizar el acceso gratuito en instituciones educativas.
●En Francia y Alemania, estos productos fueron reclasificados como bienes de primera necesidad, reduciendo drásticamente sus impuestos.
Estos avances contrastan con la realidad argentina, donde la eliminación de programas públicos representa un retroceso en materia de derechos.
Romper el tabú y exigir políticas públicas.
Es fundamental desterrar los tabúes que rodean a la menstruación y reconocerla como una cuestión de derechos humanos.
Necesitamos políticas públicas que garanticen el acceso gratuito y universal a productos de gestión menstrual, educación integral sobre salud sexual y reproductiva, e inclusión de la perspectiva de género en todas las decisiones gubernamentales.
Menstruar no es una elección, y gestionar la menstruación no debería ser un lujo. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y garantice condiciones dignas para todas.