Milei autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas para proteger instalaciones ante amenazas externas e internas, como terrorismo y crimen organizado.
El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó un decreto que autoriza el envío de las Fuerzas Armadas para custodiar «objetivos estratégicos» en Argentina, ante el crecimiento de amenazas vinculadas al terrorismo internacional y el crimen organizado. Esta decisión se formalizó en el Boletín Oficial, bajo la firma de Milei, el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La medida busca fortalecer la protección de instalaciones y bienes clave para la soberanía nacional, tales como plantas nucleares, usinas eléctricas, represas, radares y otras infraestructuras críticas. El Decreto 1107/2024 otorga a los funcionarios del Poder Ejecutivo la facultad de determinar cuáles de estos activos son considerados «objetivos estratégicos» y requieren especial protección frente a amenazas externas e internas.
Qué incluye el nuevo decreto
En su artículo 1°, el decreto define los «Objetivos de Valor Estratégico» como bienes o instalaciones cuya destrucción o daño significativo pondría en peligro la vida de los habitantes del país, su economía, el medio ambiente o la seguridad nacional. Estas instalaciones incluyen tanto objetos físicos como entidades materiales que resultan imprescindibles para el funcionamiento y desarrollo del Estado.
Por primera vez, el decreto amplía la definición de las amenazas a incluir no solo a actores estatales, sino también a «fuerzas, organismos, organizaciones o actores paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional», lo que introduce una nueva visión estratégica en la legislación vigente. A partir de esta reforma, el concepto de amenaza se extiende a actores como bandas criminales internacionales y grupos terroristas, cuya capacidad destructiva ha crecido en las últimas décadas.
La competencia del Poder Ejecutivo y el rol de las Fuerzas Armadas
El nuevo marco legal otorga al presidente y su gabinete la autoridad para calificar qué bienes y servicios deben ser protegidos bajo esta categoría. Además, el Ministerio de Seguridad podrá solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas y de cuerpos policiales provinciales para asegurar estas instalaciones en caso de necesidad.
El decreto también establece que, en situaciones de guerra o conmoción interior, los objetivos bajo la custodia de las Fuerzas Armadas pasarán a estar bajo su comando operativo. Esto garantiza una respuesta más coordinada y rápida ante crisis graves.
La cooperación interinstitucional
El decreto promueve la cooperación entre distintas fuerzas de seguridad, como el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Armadas y los gobiernos provinciales. En caso de que alguna instalación estratégica requiera protección adicional, el Ministerio de Seguridad podrá solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas y coordinar las acciones necesarias con el Ministerio de Defensa.
En un contexto más amplio, la medida busca mejorar la capacidad de defensa del país frente a amenazas que han evolucionado con los años. El terrorismo internacional y el crimen organizado ya no son solo problemas externos, sino que pueden tener ramificaciones dentro del país, afectando su estabilidad social y económica.
Cuál es la situación actual
El decreto se basa en el principio de anticipación y evaluación de amenazas, reconociendo que la infraestructura crítica de Argentina está expuesta a riesgos que no pueden ser ignorados. Según los considerandos del decreto, la Ley de Defensa Nacional, vigente desde hace años, busca garantizar la soberanía e independencia del país frente a ataques tanto internos como externos.
Uno de los puntos clave que resalta el gobierno es que la legislación actual no definía con precisión qué bienes o instalaciones debían considerarse «estratégicos», lo que dificultaba una respuesta rápida y efectiva ante posibles ataques. Con este decreto, se pretende garantizar mayor certeza jurídica y operativa en la protección de estos activos esenciales.