El Gobierno nacional disolvió este lunes la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el único organismo estatal creado para garantizar el control, desarrollo y legalidad del cannabis con fines terapéuticos. Fue eliminado por decreto, sin debate ni consulta, como parte de una poda administrativa que prioriza el ajuste sobre la salud y la producción.
El Ejecutivo justificó el cierre por “estructura sobredimensionada”, sin mostrar pruebas ni presentar una alternativa operativa clara. La agencia articulaba entre ministerios, investigadores, cooperativas y pymes rurales. Su eliminación deja vacíos legales y frena cientos de proyectos científicos y sanitarios en marcha.
Aunque la Secretaría de Bioeconomía prometió mantener los permisos vigentes, no explicó qué organismo controlará ahora la calidad de los productos ni cómo se garantizará la trazabilidad. Tampoco publicaron los nuevos requisitos, lo que paraliza trámites y genera incertidumbre en toda la cadena.
La medida golpea directamente a pacientes que usan cannabis medicinal para tratamientos paliativos y a emprendedores rurales que invirtieron años en desarrollar un nuevo sector productivo. El Estado se retira sin asegurar cómo seguirá el sistema. Ni siquiera informaron quién responderá ante faltantes o demoras que pueden afectar la salud de miles de personas.