Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la baja del precio de los combustibles. Las movilizaciones dejan hasta el momento un muerto y 61 heridos.
Miles de indígenas bloquearon este martes las principales calles de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en el noveno día de protestas, mientras las Fuerzas Armadas prometieron defender la democracia contra lo que consideran una «grave amenaza». Convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles y los productos de primera necesidad. Lasso aceptó este martes sentarse a dialogar con representantes de Conaie, por lo que se espera una respuesta del movimiento indígena. Las protestas dejan hasta el momento un muerto y 61 manifestantes heridos, según organizaciones de derechos humanos.
Represión y estado de excepción
«Bajen las armas, somos pueblos de paz», exclamaban algunos de los más de cinco mil indígenas que llegaron el lunes en caravana a Quito. Un grupo numeroso que chocó con la policía salió de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito.
Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.
La Fiscalía denunció que su sede central fue atacada, y que puso «a buen recaudo la información sensible de los casos que lleva adelante», al tiempo que también hizo «un llamado público a la paz y el respeto a la ley». La Conaie, que lidera las protestas a las que se plegaron más de 50 organizaciones, rechazó lo sucedido y aseguró que quienes cometieron el ataque no forman parte de las organizaciones indígenas.
En otros puntos de la ciudad también hubo varios cortes de calles que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios «hasta que las condiciones en las vías sean favorables».
Los motivos de este paro, por tiempo indefinido, son los precios elevados de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, los altos precios de los combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agricultor y la privatización de empresas públicas, entre otros.
«A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas (insumos y abonos) y nuestros productos no suben nada», dijo Tito Zamora, un indígena de la aldea de Sigchos en Cotopaxi. Zamora explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.
La reacción del gobierno
El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo este martes que la democracia está en «serio riesgo», horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento indígena. «Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes», aseguró Lara, escoltado por la plana mayor del Ejército.
El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes el diálogo propuesto por la Conaie y aseguró que aguarda una respuesta. El mandatario de derecha indicó que «desde su mejor predisposición» y la de su gabinete, está dispuesto a participar en un proceso de diálogo «franco y respetuoso» entre la Conaie y el resto de las organizaciones de la sociedad civil «que deseen sumarse al proceso» y poder así «buscar soluciones a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas».
Alerta de Amnistía Internacional
Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió al presidente Lasso que la represión policial de las protestas «está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019». El informe de AI sostiene que durante la represión a las protestas de 2019, «organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad».
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, urgió al presidente Lasso a «cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica» y solicitó que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. «El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia», indicó Guevara Rosas.
Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil. El mismo colectivo de derechos humanos ecuatoriano había denunciado el lunes la primera muerte en medio de la protesta, que se produjo cuando un contingente policial trató de detener a un grupo de manifestantes que buscaba ingresar a Quito procedente de la norteña provincia de Imbabura.
Fuente: Página 12