Mediante la Resolución 806/2026, la cartera nacional extendió la estrategia de detección y bloqueo de dispositivos móviles a los servicios penitenciarios provinciales que adhieran a la medida. El objetivo central es neutralizar la coordinación del delito organizado desde el interior de los establecimientos penales.
Buenos Aires — El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este martes la ampliación de la estrategia de detección y bloqueo de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios de todo el país. A través de la Resolución 806/2026, la medida —que ya se encontraba operativa en el ámbito federal— quedará disponible para todas aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que decidan adherir formalmente a la iniciativa.
Desde la cartera de seguridad remarcaron el eje conceptual de la decisión oficial: «Las cárceles no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado», enfatizando que la privación de la libertad debe cumplirse sin privilegios de conectividad irregular que permitan continuar operando en el exterior.
Cómo funcionará el Programa de Detección
El núcleo operativo de la medida se sustenta en el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios. Este sistema tecnológico e institucional permitirá:
- Identificación precisa: Detectar los terminales móviles, tarjetas SIM y equipos utilizados de manera irregular dentro de las unidades penitenciarias.
- Inutilización de equipos: Proceder al bloqueo sistemático de los códigos de identidad internacional de equipo móvil (IMEI), la identidad internacional de abonado móvil (IMSI) y las líneas telefónicas detectadas.
- Ventanilla única: El Ministerio de Seguridad Nacional pondrá a disposición un canal centralizado y ágil para tramitar de manera directa con las compañías de telefonía móvil el bloqueo inmediato de los dispositivos infractores.
Adhesión provincial
Para incorporarse al sistema, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán suscribir un convenio de adhesión aprobado por el Ministerio de Seguridad Nacional. De esta manera, se busca consolidar un abordaje sistémico e interjurisdiccional contra el uso ilegal de tecnología en contextos de encierro.
«El que está preso no puede seguir delinquiendo. Las cárceles son para cumplir la condena, no para dirigir organizaciones criminales», sentenció el comunicado oficial emitido por la cartera nacional, sintetizando la doctrina detrás de la nueva normativa que busca clausurar una de las principales vías de mando de las bandas delictivas desde el interior de las unidades penales.