El presidente electo reafirmó que en Argentina “no hay plata” y ratificó que se paralizarán los proyectos de obra público ya aprobados y los que se encuentran en marcha. Dijo que las inversiones deberá hacerlas «el sector privado» y señaló que se insistirá en el modelo que aplicó Chile.
Milei ratificó que su modelo a seguir para levantar obras de infraestructura es el de Chile, país que aplica el sistema de obra público-privada, el mismo que intentó Mauricio Macri en 2018. Cuáles son las luces y sombras de una modalidad que reemplazaría a la obra pública, que hoy emplea a más de 250.000 trabajadores de forma directa.
Desde la campaña, Milei repite como mantra: “Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan. Pero vamos a una iniciativa privada a la chilena”. El esquema de Participación Público Privada (PPP) al que hace referencia se implementó en la década de los 90 y significa que el Estado le otorga la facultad al empresariado de llevar adelante una obra de infraestructura a cambio del usufructo de un bien mediante concesiones. El ejemplo más claro es un corredor vial, donde el privado cobraría peaje a cambio de realizarlo, pero también en Chile se han realizado bajo esta modalidad aeropuertos y cárceles.
Cómo es el modelo de obras públicas en Chile
En el país vecino hay dos sistemas que conviven: el de licitaciones y el de concesiones. Así lo explicó a Página|12 el ingeniero comercial y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos Aparicio.
El primero de los dos sistemas, el de licitaciones, es idéntico al que funciona en Argentina. Consiste en abrir una búsqueda de empresas para la realización de tareas, sortear a la ganadora en base al proyecto y el precio sugerido y se abona la contratación directamente a las empresas privadas.
El sistema de concesiones al que Javier Milei hace referencia tiene que ver con un mecanismo por el cual “el Estado le entrega al privado la responsabilidad de poder generar una inversión, entendiendo que las prioridades las define el Gobierno”. A cambio de las obras, el privado recibe el derecho de explotar la inversión. Por ejemplo, si una empresa hace una autopista, puede recibir el derecho a cobrar peajes por los siguientes 20 o 35 años. Finalizado este tiempo, el Estado puede hacerse cargo del servicio o iniciar una nueva licitación para su explotación y manteamiento.
Hasta ahí, nada muy distinto a lo que sucedió en la Argentina décadas atrás. Sin embargo, con otro tipo de obras la situación se vuelve más compleja.
No todo lo que brilla es oro
El modelo de obras públicas en Chile también cuenta con una serie de cuestionamientos muy profundos. Uno, por ejemplo, completamente vinculado a este dilema de cómo se avanza con las obras necesarias, pero no rentables. Dilema que, cabe aclarar, para Milei no es tal: como le dejó en claro a un seguidor durante una manifestación prolibertaria, el presidente electo cree que, si no es rentable para el sector privado, la obra no debe hacerse, ya que usar plata pública para un tendido eléctrico o un camino rural poco transitado es como “robarle” a todos los ciudadanos en beneficio propio.
Los problemas colaterales
En la actualidad, además, aparecieron los problemas vinculados a la transparencia: por ejemplo, cuando se trata de obras que las propias empresas ofrecen al Estado, estas se aprueban sin licitación, es decir, sin competencia, y no está en claro con qué criterio se consideran, o no, los proyectos.