Más de 20 organismos se pronunciaron en contra de las modificaciones.
Las reformas impulsadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei para reestructurar los servicios de inteligencia, generan mucha preocupación sobre todo a organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales (ONGs) que se preparan para presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertando sobre los riesgos que estas medidas suponen para los derechos fundamentales de los y las ciudadanas argentinas.
El decreto, firmado el 31 de diciembre pasado, entre gallos y medianoche fue calificado como «manifiestamente inconstitucional» por más de 20 ONGs. Entre las organizaciones que rechazan la reforma se encuentran Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Fundación Vía Libre y hasta Greenpeace, entre otras. En un comunicado conjunto, señalaron: «Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia».