Una de las movilizaciones impulsadas por el Frente de Izquierda será en Parque Lezama y otra, por parte de Autoconvocados, irá hacia el Palacio de Justicia.
Organizaciones políticas, sindicales y sociales se manifestarán en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras: una de las convocatorias, impulsada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), otra por parte de Pueblo Unido Autoconvocado (PUA) y se espera una marcha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La primera será este viernes 2 a las 17 donde el FIT, junto a organizaciones sociales, se concentrarán en Parque Lezama, para «organizar la bronca contra el nefasto fallo» del máximo tribunal y, al mismo tiempo, pedir la «anulación del DNU 70/2023».
En la misma línea, el lunes 5 con horario a confirmar, la agrupación PUA se movilizará desde el Congreso de la Nación hasta la puerta de Tribunales, situados en Talcahuano 550, en contra de la resolución de la Corte Suprema «que permite a extranjeros adquirir territorio argentino por medio de compras».
Por último, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, le propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el sector de gremios distanciados de la conducción de la CGT, y a las centrales obreras «construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras».
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», señaló.
La medida firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocó, este martes, el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado «inconstitucional» el artículo 154 del DNU 70/2023, y dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El fundamento por parte de los magistrados se basó en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que fue la figura demandante, no poseía legitimación procesal para accionar en defensa de la soberanía territorial.
El ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires (FIT) Gabriel Solano, sostuvo que «tres personas llamadas ‘supremos’ no electos por nadie deciden contra la voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo».
«(Con esta ley) El capital extranjero puede comprar sin límites las tierras de Argentina. Por cosas como estas, decimos que los jueces deben ser electos y revocables por el pueblo. La casta judicial labura para los Piter Thiel y los Lewis, que quieren acaparar la tierra para sus propios negocios», concluyó.
NA