Esta decisión es un retroceso respecto a lo que el Congreso había debatido el pasado viernes, que era elecciones para diciembre de 2023, que no alcanzó los votos necesarios.
Desde Lima
Bajo presión popular el Congreso aprobó el adelanto de elecciones presidenciales y legislativas. Pero lo hizo recién para abril de 2024, un plazo extenso en una coyuntura explosiva con demandas populares que han tomado las calles y carreteras en buena parte del país exigiendo que “se vayan todos” cuanto antes. Con elecciones en abril de 2024, el cambio de gobierno sería en julio de ese año, un tiempo que en este escenario de indignación ciudadana por el profundo descrédito y alta impopularidad del Congreso y del Ejecutivo, es una eternidad peligrosa. Esta decisión es un retroceso respecto a lo que el Congreso había debatido el pasado viernes, que era elecciones para diciembre de 2023, que no alcanzó los votos necesarios. Esa fecha de 2023 ya había sido aceptada por el gobierno y los organismos electorales. Pero inexplicablemente la derecha que controla el Congreso, encabezada por el fujimorismo, cambió y decidió aprobar una fecha posterior. La derecha bloqueó la propuesta de la izquierda para que junto a las elecciones adelantadas se realice un referéndum para que la población decida si se convoca o no a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución neoliberal que viene de la dictadura del encarcelado Alberto Fujimori. Una postura que revela su temor al voto popular. La Asamblea Constituyente es otra demanda de las movilizaciones populares de estos días.
La votación
El adelanto de las elecciones fue aprobado por 93 votos. Hubo 30 en contra y una abstención. Se necesitaban 87 votos, dos tercios de la cámara, para aprobar esta decisión en primera votación. Debe ser ratificada en una segunda votación en una próxima legislatura, que se realizaría en febrero del año que viene. Al iniciarse el debate parlamentario de este martes, se esperaba que sea entre la insistencia en elecciones para diciembre de 2023 como se había votado el viernes o adelantar unos meses esa fecha como reclaman las calles y pedía la izquierda, pero ocurrió todo lo contrario. Con este cambio, grupos de derecha que el viernes habían votado en contra del adelanto de las elecciones esta vez lo hicieron a favor.
La izquierda proponía elecciones para abril de 2023. Aunque cuestionaron duramente la fecha de abril de 2024 para las elecciones, por considerarlo un plazo muy extenso, y la no inclusión de un referéndum para una Asamblea Constituyente, un sector de la izquierda votó a favor de la propuesta de la derecha. Sus voceros explicaron que lo hicieron porque en este difícil escenario, con movilizaciones exigiendo elecciones, la peor alternativa era que no se apruebe el adelanto de elecciones. Por esos mismos cuestionamientos, otro sector de la izquierda, el de Perú Libre (PL), el partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno, y legisladores que se escindidos de ese partido y ahora forman otros grupos, votaron en contra. El legislador de PL, Waldemar Cerrón, señaló que con la fecha aprobada para las elecciones y el rechazo a la Asamblea Constituyente “la convulsión social va a seguir”.
Un sector de la ultraderecha también votó en contra. Fueron los legisladores del partido fascista Renovación Popular. En su caso porque no se quieren ir del Congreso antes de 2026 y se oponen a un adelanto de elecciones en cualquier fecha. Una postura que revela su desconexión con las calles y que habría llevado a una explosión social más grave de la que ya se vive. La apuesta excluyente de esta ultraderecha es la represión. De acuerdo a una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, un 83 por ciento de los peruanos quiere un adelanto de las elecciones.
Reformas
Distintos sectores señalan la necesidad de reformas antes de las elecciones, la principal de las cuales debe ser abrir la cancha para que ingresen nuevos actores políticos y la población no tenga que elegir entre los mismos partidos y políticos desacreditados. Pero las reformas que más seducen a buena parte de los legisladores son restaurar la reelección para los parlamentarios y volver a la bicameralidad.
La potestas exigiendo el adelanto de elecciones estallaron después de la destitución y apresamiento del expresidente Pedro Castillo luego que fracasara su intento de intervenir el poder judicial y cerrar inconstitucionalmente el Congreso, desde el cual se le quería sacar de la presidencia. Con Castillo encarcelado con prisión preventiva de 18 meses y procesado por rebelión, su familia ha recibido asilo en México. La esposa del exmandatario, Lilia Paredes, y sus dos hijos, de 16 y 10 años, se encuentran en la embajada de México en Lima y ya se aprobó darles el salvoconducto para que viajen a México. Lilia Paredes tiene abierta una investigación fiscal por corrupción por el supuesto cobro de sobornos para direccionar obras públicas durante el gobierno de su esposo.
“Esta es una decisión independiente y soberana de México”, señaló el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, sobre el asilo dado a la familia de Castillo. El gobierno peruano declaró este martes persona no grata al embajador de México, Pablo Monroy, y le ha dado 72 horas para abandonar el país. La canciller Ana Cecilia Gervasi indicó que esa decisión se tomó en respuesta al apoyo público dado a Castillo “por las más altas autoridades de ese país”, una clara referencia al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Además de México, los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia también han respaldado a Castillo. Este martes, la canciller peruana señaló que hay “una injerencia inaceptable” de algunos países en los asuntos internos del Perú. No mencionó a qué países se refería, pero los destinatarios eran evidentes.
La visita de la CIDH
Mientras en el Congreso se decidía el adelanto de elecciones para calmar el desborde popular, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaba una visita al país para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión contra los manifestantes, que ha dejado 22 muertos por disparos de bala. En total los fallecidos son 26. La misión se reunió con la presidenta Dina Boluarte, quien ha respaldado a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población. La delegación de la CIDH también se reunirá con otras autoridades y con representantes de la sociedad civil.
La misión de la CIDH, que se quedará en el Perú hasta este jueves, tiene previsto viajar a la región andina de Ayacucho, donde el pasado jueves nueve manifestantes murieron por disparos de los militares y policías. Esa ha sido la peor jornada represiva en lo que va de las protestas sociales exigiendo elecciones adelantadas. Esta es una primera visita de la CIDH, en enero viajará al Perú una segunda misión de este organismo. Hace unos días, la CIDH condenó el incremento de la violencia en el país y llamó a un diálogo. Pero antes que diálogo lo que en estos días se ha dado es mayor dureza represiva.
Hay tensión por cómo tomará una población indignada y movilizada el adelanto de elecciones recién para abril de 2024. La población levantada en protestas había expresado su rechazo a la propuesta del gobierno de elecciones para diciembre de 2023 por considerar que era un plazo muy extenso. Ahora se encuentra que se ha aprobado una fecha posterior.
Fuente: Página 12