Según surge de la causa que investiga el juez Kreplak, HLB también vendió propofol y dopamina de manera irregular sin que los organismos de control lo impidieran durante 9 años.
En la causa a cargo del juez Ernesto Kreplak, se reveló una trama paralela al escándalo del fentanilo mortal: durante años, la firma HLB Pharma Group SA comercializó propofol y dopamina —dos medicamentos de uso exclusivo en terapia intensiva y cirugías— bajo certificados que pertenecían a otro laboratorio, Surar Pharma S.A., clausurado por la propia ANMAT desde 2015. El organismo recién tomó medidas nueve años después. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) exigió que intervengan y auditen la ANMAT y el INAME ante las presuntas irregularidades y falta de control que arrastraron a lo largo de varias administraciones.
El propofol es un anestésico intravenoso de acción ultrarrápida que se usa en hospitales para dormir a los pacientes y mantener la sedación. La dopamina es un neurotransmisor natural del cuerpo humano que regula el placer, la motivación y el movimiento, y también se fabrica como medicamento inyectable para subir la presión arterial en casos de shock grave.
“Nueve años vendiendo medicamentos de manera irregular mientras el Estado mira para otro lado”, apuntó el dirigente farmacéutico y titular del SAFyB, Marcelo Peretta. “Lo investigado por el Juez Kreplak revela que el Estado dejó que HLB Pharma y Ramallo no solo produjeran y vendieran fentanilo contaminado, sino también propofol y dopamina sin cumplir las condiciones técnicas correspondientes”, agregó.
La Fiscalía cree que existió un “manto de cobertura estatal”.
La causa fentanilo
El dictamen, firmado el 3 de agosto por la fiscal federal de La Plata, María Laura Roteta, y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, reseña esa cadena de irregularidades y la secuencia en la fabricación y distribución de propofol y dopamina a centros sanitarios y droguerías por fuera de la normativa vigente.
El documento, de 191 páginas, contiene los fundamentos por los cuales se le solicitó al juez Kreplak la detención y la declaración indagatoria de Bisio y Mantecon Fumadó. Ambas fueron imputadas por los presuntos delitos previstos en los artículos 201 bis y 200 del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— en concurso real, con la posibilidad de que avance la calificación hacia el artículo 80, inciso 5°, que prevé el homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común. La expectativa de pena es de 10 a 25 años de prisión.
La causa principal —conocida como “fentanilo mortal”— investiga la muerte de 90 pacientes y las secuelas de otros 41 tras la aplicación de ampollas del potente anestésico contaminado con las bacterias Klebsiella y Ralstonia, elaboradas entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025 en la planta de Laboratorios Ramallo SA. El dictamen fiscal detalla, además, una serie de irregularidades sobre otros medicamentos que circularon en el sistema de salud sin respaldo legal y sin que la autoridad sanitaria tomara medidas.
“Mario Lugones y Carla Vizzoti deben explicar quién protegió a los laboratorios, desde cuándo el Ministerio de Salud lo sabía y por qué no actuó”, concluye Peretta.