La denuncia sostiene que el Vocero Presidencial habría presionado a un testigo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Invocan la «Doctrina Irurzun» por riesgo de entorpecimiento.
En las últimas horas, la situación judicial de Manuel Adorni ha tomado un giro inesperado. Se presentó un pedido de detención urgente contra el actual Vocero Presidencial, bajo cargos de obstrucción a la justicia y presuntas presiones a un testigo en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.
El eje del conflicto: El country Indio Cuá
Según el escrito presentado ante la Justicia, Adorni habría ejercido presión mediante mensajes de WhatsApp sobre Matías Tabar, un testigo vinculado a las obras de remodelación en una propiedad que el funcionario posee en el country Indio Cuá.
La acusación es grave: sostiene que el funcionario no solo habría intentado amedrentar al testigo, sino que también le habría ofrecido dinero a cambio de modificar su declaración testimonial para no comprometer su situación patrimonial en la causa.
Los argumentos legales: Riesgo procesal
El pedido de detención se fundamenta en la posibilidad de que Adorni utilice su posición de poder para desviar la investigación. Los denunciantes invocaron formalmente la “Doctrina Irurzun”, la cual establece que:
- Poder Residual: La jerarquía del cargo público permite al acusado influir en la recolección de pruebas.
- Obstrucción: El contacto directo con testigos clave constituye un riesgo procesal que justificaría la prisión preventiva.
«La libertad del imputado pone en serio riesgo la integridad del proceso y la veracidad de los testimonios pendientes», detalla el pedido presentado en los tribunales federales.
¿Qué sigue para el funcionario?
Hasta el momento, desde el entorno de Adorni no han emitido un comunicado oficial, aunque califican las denuncias como parte de una «persecución política sin sustento fáctico».
La decisión queda ahora en manos del juez de la causa, quien deberá determinar si existen pruebas suficientes sobre el intercambio de mensajes para proceder con el arresto o si dicta medidas cautelares menores para asegurar la comparecencia del funcionario.