La noticia de la cesantía de 1400 trabajadores en hospitales nacionales ha generado un impacto negativo en el sector salud, poniendo en riesgo la continuidad de varios servicios vitales. Frente a esta situación, ATE (Asociación Trabajadores del Estado) ha anunciado medidas de fuerza para que el Gobierno revoque esta decisión y evite consecuencias irreparables. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, alertó sobre la gravedad de la medida, que considera un ataque directo a los derechos fundamentales en el sistema de salud.
Según Aguiar, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, está llevando adelante un ajuste que afecta la operatividad de los hospitales y servicios esenciales. Los despidos de trabajadores, como en el caso del Hospital Bonaparte, donde 190 empleados fueron cesanteados, incluyen profesionales y administrativos, lo que ha dejado a varios servicios, incluidos los de guardia, internación y odontología pediátrica, fuera de funcionamiento.
«Esta medida afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», indicó Aguiar, quien además recalcó que la reestructuración bajo la excusa de un ajuste está provocando el cierre de importantes programas de prevención y tratamiento, como los de VIH, tuberculosis y diabetes. También destacó el cierre de áreas clave como la Dirección de Vectores, encargada del estudio del dengue, y la Coordinación de Hepatitis Virales.
El impacto en los hospitales de salud mental
Uno de los casos más dramáticos se registró en el Hospital Bonaparte, el único establecimiento público nacional especializado en salud mental. Tras los despidos, el hospital se quedó sin médico de guardia y con su capacidad operativa severamente reducida. Nadia Jausken, jefa del área de Demanda Espontánea, explicó que la cantidad de despidos, que representan aproximadamente la mitad de la planta de trabajadores del hospital, ha dejado al hospital sin recursos para atender adecuadamente a los pacientes, especialmente a aquellos con cuadros severos de salud mental.
El mensaje colocado en la guardia del hospital, que indicaba «No hay médico de guardia», refleja la gravedad de la situación. «Es un vaciamiento», advirtió Jausken, quien también cuestionó los argumentos del Gobierno en cuanto a malversaciones de fondos, asegurando que la falta de personal es una forma indirecta de cerrar el hospital.
Los despidos también se sintieron en el Hospital Nacional Baldomero Sommer, donde trabajadores del hospital y sindicatos se concentraron en las puertas para rechazar la medida. Allí, una de las trabajadoras explicaba cómo los despidos afectaron la atención a los pacientes, con especial énfasis en la neumonología, donde el personal se redujo drásticamente. «Hoy tenemos a una sola neumonóloga, cuando antes había cinco. Esto repercute en la comunidad que ahora, para conseguir turno, tendrá que esperar 5 meses», sostuvo.
La situación de los trabajadores del Sommer no es aislada: se teme que la crisis afecte a otros hospitales de la zona y a todo el sistema de salud pública. Además, los despidos han tenido un impacto directo en sectores como la confección de ropa de cama y delantales, que también fue cerrada tras la pérdida de puestos de trabajo.
La denuncia por despidos ilegales en la Secretaría de Derechos Humanos
La preocupación se extiende más allá del ámbito sanitario. En un hecho relacionado con los despidos masivos, 15 delegados de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos fueron despedidos y, al intentar ingresar a sus puestos de trabajo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), se encontraron con un operativo policial que bloqueó su acceso. Los trabajadores denunciaron una persecución sindical bajo la gestión de Alberto Baños, titular de la Secretaría, a quien acusan de desmantelar políticas de memoria, verdad y justicia.
El sindicato exige una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Justicia y el cese del «hostigamiento» hacia los trabajadores, ya que consideran que los despidos y las represalias afectan gravemente el funcionamiento del organismo y las políticas de derechos humanos.
Propuestas de medidas de fuerza
Frente a esta situación, ATE anunció que llevará adelante protestas, ocupaciones y paros sectoriales. Además, no se descarta una unificación de los reclamos de todos los hospitales afectados. «Vamos a iniciar protestas, ocupaciones y paros sectoriales», anticipó Aguiar, quien también destacó que la situación exige una respuesta urgente para evitar el colapso del sistema de salud pública y proteger los derechos de los trabajadores y pacientes.
Los próximos días serán clave para definir el rumbo de la protesta y la presión sobre el Gobierno Nacional, que se enfrenta a un creciente malestar en el sector público por los despidos masivos y la desmantelación de políticas de salud esenciales.