La crisis económica golpea con dureza el tejido productivo local. Según datos oficiales, la provincia registró una caída del 15% en la cantidad de empleadores desde el inicio de la gestión de Javier Milei, triplicando el promedio de cierre de empresas en todo el país.
La Rioja se posiciona hoy como el distrito más castigado por la destrucción de empresas empleadoras en Argentina. El modelo económico nacional ha impactado de lleno en la provincia gobernada por Ricardo Quintela, que encabeza un ranking negativo donde la crisis del sector privado formal se siente con una fuerza desproporcionada en comparación con otras jurisdicciones.
Las cifras oficiales son contundentes: en los últimos dos años, el tejido productivo riojano pasó de contar con 2.665 empresas a apenas 2.266. Esta contracción del 15% representa el mayor retroceso a nivel nacional, superando ampliamente el promedio de caída de todo el país, que se ubicó en un 4,3%.
A diferencia de las provincias grandes como Buenos Aires o Córdoba, donde las pérdidas se explican por su peso económico, en La Rioja la caída adquiere una dimensión estructural. La desaparición de estos establecimientos no solo implica el cese de actividades actuales, sino una pérdida drástica en la capacidad de generar empleo genuino para los riojanos en el corto y mediano plazo.
Este fenómeno de retroceso se extiende por el Norte Grande, con Chaco, Catamarca y Misiones escoltando a La Rioja en los niveles de mayor deterioro. El análisis de los datos indica que el cierre de empleadores funciona como un indicador adelantado de la precarización laboral, lo que anticipa un escenario complejo para el mercado de trabajo local.
En este contexto, la relación entre la Provincia y la Nación se mantiene en un punto de máxima tensión. El gobernador Ricardo Quintela ha judicializado los reclamos ante la Corte Suprema por fondos de coparticipación y compensaciones que, según cálculos oficiales, superan una deuda de mil millones de dólares.
Durante su discurso ante la Legislatura, el mandatario fue tajante respecto a la postura de su administración frente al recorte de fondos nacionales: “La Rioja no pide limosna. Exige lo que le corresponde por derecho propio”, afirmó para justificar la resistencia ante el ajuste fiscal y la parálisis de la obra pública.
Sin embargo, los números muestran que la resistencia política convive con un deterioro económico profundo. Con la pérdida de casi 400 empresas en dos años, la provincia se convierte en el símbolo más claro de las dificultades que enfrentan las economías regionales ante la caída de la actividad y la falta de diversificación productiva bajo el actual modelo económico.
*Con información de Letra P