Lo adelantó el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario en MEDIOS RIOJA, al cuestionar la decisión del gobierno nacional de promulgar, pero dejar en suspenso la norma aprobada por el Congreso.
A menos de 24 horas de conocerse la decisión (vía Boletín Oficial) del Poder Ejecutivo nacional de promulgar y suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) adelantaron que irán a la Justicia para que se obligue al gobierno nacional a cumplir la norma aprobada por las dos cámaras del Congreso.
Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno promulgó hoy la ley de financiamiento universitario, pero con la particularidad de dejarla en suspenso a la espera de que el Congreso justifique o explique la fuente de financiamiento en el marco de la ley de administración financiera.
Esa decisión causó un profundo malestar entre los rectores de las universidades públicas, quienes acudirán ante la Justicia para exigirle al Poder Ejecutivo que aplique la ley aprobada por el parlamento.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, afirmó que el gobierno “tenía la responsabilidad de ejecutar la ley tal como fue sancionada por el Congreso de la Nación. Los rectores fuimos muy responsables en este camino. A pesar de una situación muy precaria por la que atravesamos. Logramos que una ley muy responsable, que no compromete fiscalmente al estado y que da una solución al problema salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario argentino”.
Bartolacci exigió que “se cumpla la ley, ni más ni menos que eso. Si no cuál es el sentido del Congreso Nacional, cómo es el funcionamiento de la república en Argentina. Nos preocupa esta decisión que tomó el Gobierno, que está a tono con lo que hizo con discapacidad. Vamos a reunirnos en un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se hará esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Allí, vamos a definir el carácter de una acción colectiva que el Consejo llevará adelante en la justicia para exigir la aplicación de la ley”.
“Cómo se explica que se hayan aumentado un mil porciento los fondos destinados a los servicios de inteligencia. Hay atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo Nacional para redistribuir partidas y cumplir con los objetivos y se han distribuido de manera discrecional por decisión del Gobierno. No es cierto que no hay recursos para atender lo que establece la ley, ni que no hay posibilidades en las atribuciones del Ejecutivo con eso que la ley dispone. Por eso iremos a la Justicia: para que la ley se aplique tal como fue aprobada”, subrayó Bartolacci.
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