Una agrupación de magistrados argentinos manifestó su «profunda preocupación» frente al Decreto 383/2025 que habilita la detención de personas, la realización de requisas y el ciberpatrullaje sin autorización judicial.
Una agrupación de jueces argentinos manifestó su «profunda preocupación» ante decreto 383/2025 del Gobierno, que modifica el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) y advirtió que «pone en serios riesgos el Estado democrático de derecho».
«Con la aparente finalidad de ‘modernizar’ la PFA, pone en serios riesgos el Estado democrático de derecho, al permitir la detención de personas sin orden judicial, al igual que la realización de requisas a personas o vehículos sin autorización judicial», señaló en un comunicado la Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju).
En su pronunciamiento, Copaju Argentina –rama local del comité creado por el papa Francisco para la defensa de los derechos sociales– sostuvo que «uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de la mencionada fuerza de realizar tareas de ciberpatrullaje sin requerir autorización judicial».
Frente a un nuevo uso por parte del Gobierno de la prerrogativa del DNU, destacó que «no se observa ninguna urgencia para modificar por esta vía, prescindiendo del Congreso de la Nación, una norma que regía desde 1958».
Copaju concluyó que «el contenido de la norma en cuestión viola principios básicos de nuestra Constitución Nacional, que por otro lado son reconocidos universalmente y recetados en numerosos Tratados y Convenciones Internacionales que se encuentran expresamente incorporados a nuestra Carta Magna».
Qué dice el Decreto 383/2025 que modifica el estatuto de la Policía Federal
El Gobierno puso en marcha una serie de modificaciones en la estructura y el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA), con un nuevo estatuto que redefine las funciones y organigrama de la institución en busca de una «modernización» con foco en la investigación de delitos federales y complejos, en el marco del recrudecimiento de la acción represiva del Estado que se viene dando en los últimos meses.
La medida se implementó a través del Decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Precisamente, el mandatario y la extitular del PRO encabezarán un acto a las 14:15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, donde darán precisiones sobre la nueva normativa.
El texto del decreto aprueba el proceso de reforma y modernización, con los objetivos de «actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión; priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades; fortalecer el sistema de recursos humanos con el fin de contar con personal competente, motivado y altamente capacitado; modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación; adquirir y utilizar en forma efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnología Forense; y fortalecer la gobernanza y liderazgo de la Fuerza».
También se ordena «redefinir el perfil del personal» de la PFA y «establecer un cronograma respecto de la cantidad máxima de suboficiales a incorporar anualmente; dicho número no podrá superar el de los ya incorporados en el año 2025 y deberá ser reducido progresivamente».
Además, se crea el programa presupuestario «Modernización de la Policía Federal Argentina» que tendrá por objetivo «la compra de bienes de uso, la adquisición o el desarrollo de soluciones tecnológicas, la realización de estudios y el rediseño de procesos para la modernización de la PFA».
La PFA podrá «registrar y calificar a las personas dedicadas a actividades que la policía debe reprimir» y realizar «tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales, sin necesidad de autorización judicial».
Según advirtieron especialistas, la fuerza podrá investigar no sólo a solicitud de la Justicia sino también del Ministerio de Seguridad.