El coronel mayor retirado Ariel Guzmán renunció como administrador encargado de la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El coronel mayor retirado Ariel Guzmán renunció como administrador encargado de la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en medio de la crisis que atraviesa la cobertura de salud de los militares y de una deuda con prestadores que supera los $200.000 millones.
La salida de Guzmán se produjo luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien estaba disconforme con los tiempos del proceso de liquidación del organismo.
Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, fue el propio Presti quien le pidió la renuncia al coronel retirado durante el encuentro que mantuvieron el miércoles.
La salida se produce en plena transición entre el antiguo IOSFA y la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada por el Gobierno para reemplazarlo.
La nueva OSFA comenzó a recibir los aportes de los afiliados, mientras que la estructura residual del IOSFA quedó a cargo de afrontar el pasivo acumulado con prestadores. La deuda asciende a unos $213.000 millones, según las cifras difundidas en las últimas horas.
La situación se volvió particularmente compleja porque, mientras avanza la liquidación del viejo instituto, el IOSFA continúa interviniendo en la atención de los afiliados.
De hecho, el propio organismo comunicó esta semana a sus prestadores que las prestaciones siguen siendo brindadas por IOSFA y pidió que no se emitan facturas a nombre de la nueva OSFA.
Antes de dejar su cargo, Guzmán había planteado al ministro de Defensa su preocupación porque el presidente del directorio de OSFA, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza, había solicitado que la estructura residual del IOSFA continuara brindando atención médica mediante su red de prestadores más allá del 30 de septiembre, fecha prevista originalmente para finalizar esa tarea.
La crisis de la obra social también provocó un conflicto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó para este jueves a una protesta frente a la sede central de la entidad, ubicada en Paso 551, en la ciudad de Buenos Aires.
El sindicato denunció que están en riesgo 600 puestos de trabajo y cuestionó el cierre o transferencia de establecimientos pertenecientes a la obra social.
ATE sostiene además que existen cortes de prestaciones y denunció un proceso de “vaciamiento” de la entidad, acusaciones que corresponden al gremio.
A la situación de los trabajadores se suma la incertidumbre sobre el futuro de farmacias, centros médicos y establecimientos turísticos que hasta ahora dependían de la obra social.
La reorganización dispuesta por el Gobierno separó las funciones: la nueva OSFA quedó encargada de la cobertura de los afiliados y de recibir sus aportes, mientras que la estructura residual del IOSFA debe afrontar las obligaciones y deudas acumuladas.
La salida del funcionario responsable de esa liquidación abre ahora un nuevo frente en el proceso de transición, cuando todavía permanecen pendientes de resolución las deudas con prestadores y la normalización de la atención médica de los afiliados.
NA