El jefe de Gobierno, Rishi Sunak, recibió este jueves un informe independiente sobre el abuso del ministro de Justicia a sus empleados.
Dominic Raab ha preferido preservar su futuro político y anteponer la responsabilidad a la rabia, aunque no ha podido disimular esta última. El ministro de Justicia y vice primer ministro británico ha presentado su dimisión este viernes, 24 horas después de que el jefe de Gobierno, Rishi Sunak, recibiera un informe presuntamente muy crítico con el trato dispensado por el político a sus colaboradores cercanos. Raab hacía frente a ocho acusaciones de acoso laboral y abuso de poder con los funcionarios que trabajaron para él, tanto en su etapa de ministro de Exteriores como en su actual cargo de ministro de Justicia. En su carta de dimisión, expresa su voluntad de seguir apoyando al Gobierno de Sunak, pero no puede evitar expresar su frustración ante la investigación llevada a cabo por el abogado laboralista Adam Tolley.
En una carta al primer ministro Sunak publicada en Twitter, Raab ha afirmado que la investigación ha sentado un precedente peligroso. “Creo que los hallazgos contradictorios que expone son erróneos y sientan un peligroso precedente para la conducta de un buen gobierno”, se queja Raab. “Los ministros deben ser capaces de ejercer una supervisión directa sobre los altos funcionarios que llevan a cabo negociaciones importantes en nombre del pueblo británico (…). Y en segundo lugar, los ministros deben ser capaces de expresar críticas de fondo durante sus reuniones con esos altos funcionarios para poder establecer los estándares necesarios e impulsar las reformas que la ciudadanía espera de nosotros”, explica Raab para justificar dos de las ocho quejas de sus empleados presentadas por el abogado Tolley.
Curiosamente, en el primero de los casos, como el ya exministro explica, se le fue la mano en su reprimenda a uno de los diplomáticos que estaba negociando con el Gobierno de España el futuro encaje de Gibraltar en la era post-Brexit y que, según sostiene Raab, “se saltó el mandato que el Gabinete de Gobierno había acordado”. Londres y Madrid mantienen tensas conversaciones sobre el futuro control de las fronteras y la jurisdicción sobre el aeropuerto de la colonia británica en España.