La Asociación «10 de Abril» presentó un proyecto en la Cámara de Diputados provincial que busca integrar a efectivos en situación de retiro al sistema de servicios adicionales, bajo control de la Jefatura de Policía.
Con el objetivo de mejorar la situación económica de los efectivos que ya han cumplido su etapa activa, la Asociación 10 de Abril presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados provincial para la creación de un Registro Voluntario de Retirados.
La iniciativa, impulsada por el presidente de la entidad, Carlos Herváez, propone que el personal en situación de retiro pueda realizar tareas de seguridad adicional bajo la órbita y supervisión directa de la Jefatura de Policía, replicando un modelo que ya funciona con éxito en distritos como Córdoba y en la Policía Federal Argentina.
Una respuesta a la crisis económica
Según explicó Herváez, la motivación principal es la insuficiencia de los haberes jubilatorios actuales. «El salario de los retirados no siempre alcanza y por eso pedimos esta oportunidad», sostuvo el referente, quien además advirtió sobre la difícil situación que atraviesan quienes buscan empleo en el sector privado de seguridad.
De acuerdo con el diagnóstico de la asociación, las empresas de seguridad privada han reducido sus contrataciones debido a la coyuntura económica, lo que ha derivado en condiciones laborales precarias, caracterizadas por jornadas excesivas de hasta 12 horas y remuneraciones arbitrarias que no cuentan con un marco regulatorio estatal.
Detalles de la propuesta
Para despejar posibles dudas sobre la implementación del proyecto, la Asociación 10 de Abril aclaró tres puntos fundamentales:
- No reemplaza al activo: El proyecto no tiene por objeto «descomprimir» al personal en actividad de sus adicionales, sino ofrecer una alternativa para quienes ya se encuentran fuera del servicio.
- Voluntariedad: El registro funcionaría bajo una base de datos de voluntarios. Actualmente, más de 200 efectivos retirados ya han manifestado su intención de inscribirse.
- Independencia política: Herváez enfatizó que la propuesta surge desde el sector y no responde a una estrategia del Poder Ejecutivo para evitar otorgar incrementos salariales formales al sector pasivo.
La propuesta se encuentra ahora en manos de los legisladores, quienes deberán evaluar su viabilidad para ser tratada en el recinto. Los impulsores confían en que, al ser un modelo ya probado en otras jurisdicciones del país, su implementación podría mejorar significativamente la calidad de vida de los retirados de la fuerza provincial.