Moscú “lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo” y subraya: “No ayuda a mantener relaciones de amistad».
La Cancillería de Rusia convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras los señalamientos que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, dirigió recientemente a Moscú, informó la prensa de aquel país.
Patricia Bullrich acusó a la inteligencia rusa de haber participado en una grabación ilegal en la Casa Rosada, informa el sitio Actualidad RT.
“Se le informó al embajador de la Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones” de la ministra, que considera “infundadas”, en tanto en cuanto “no tienen pruebas”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.
Además, “se señaló la existencia del Tratado entre Rusia y la Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece un procedimiento para la interacción correspondiente de las estructuras competentes de los dos países”, indicó la Cancillería.
Añadió que las declaraciones de Bullrich “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen” entre ambas naciones.
En este sentido, Moscú “lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”, señala el Ministerio en su comentario.Finalmente, la Cancilleria rusa confía en que recibirá de la parte argentina “una explicación detallada” de las “inaceptables declaraciones” de la ministra “lo antes posible”.
Actualidad RT cita luego que “en una entrevista con Radio Rivadavia, Bullrich» declaró «el pasado lunes que el Gobierno denunció a personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos por la filtración de audios de Karina Mieli, la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei”.
“Si bien el contenido de dichos audios era inocuo, otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), asegura que ella y su asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem, cobran sobornos del 3 al 8 % a las empresas farmacéuticas privadas, a cambio de otorgarles millonarios contratos de compra de medicamentos para instituciones públicas”, completa el medio ruso.