Con tensiones internas y caída en la imagen oficial, la Casa Rosada avanza con iniciativas que generan rechazo en especialistas y opositores. Alertan por impacto en derechos, recortes en prestaciones y posibles efectos sobre el acceso a la justicia en casos sensibles.
El Gobierno nacional aceleró en los últimos días una batería de proyectos que buscan instalar lo que en la Casa Rosada ya definen como “agenda anti woke”, en medio de un clima interno atravesado por tensiones políticas y cuestionamientos públicos a la gestión.
Con eje en salud mental, discapacidad y denuncias por violencia de género, la ofensiva legislativa quedó formalizada tras una reunión clave encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Karina Milei y los principales operadores del oficialismo.
El paquete ya fue remitido al Congreso y combina iniciativas que, según fuentes oficiales, apuntan a “ordenar” sistemas colapsados, pero que desde distintos sectores profesionales y políticos advierten que implican un retroceso en derechos sensibles.
Discapacidad y pensiones: sospecha generalizada y nuevo esquema
Uno de los proyectos más controvertidos es el denominado “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema presenta irregularidades estructurales: las pensiones no contributivas pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023, lo que, según el argumento oficial, genera “sospechas” sobre su otorgamiento.
La iniciativa propone auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos, un reempadronamiento obligatorio y la posibilidad de suspender beneficios ante inconsistencias. Además, fija que la prestación equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece incompatibilidades con empleo formal.
Sin embargo, el trasfondo político complejiza el escenario. La medida aparece luego del conflicto por la Ley de Emergencia en Discapacidad —aprobada por el Congreso y resistida por el Ejecutivo— y en un contexto donde el sistema ya evidencia fuertes tensiones: atrasos en pagos, reclamos de prestadores y advertencias de distintos sectores sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el dirigente social y referente en discapacidad y adultos mayores en la provincia de Buenos Aires, Adalberto Lizaur, advirtió que las medidas oficiales “amenazan con desmantelar logros obtenidos con años de trabajo en derechos humanos y abordajes comunitarios”.
Señaló que solo en 2024 los hospitales públicos bonaerenses —donde se concentra el 38% de la población del país— registraron 45.785 internaciones vinculadas a salud mental, y describió un escenario atravesado por recortes en prestaciones, transporte y acompañamiento terapéutico. “Hay una reducción de sesiones, suspensión de traslados a escuelas especiales y una Agencia Nacional de Discapacidad debilitada”, sostuvo.
También alertó sobre la persistencia de barreras estructurales: “El 50% de las personas con discapacidad vive en el conurbano y enfrenta serias dificultades para acceder al empleo, lo que profundiza la pobreza”. En ese marco, cuestionó que la última actualización del 2,90% en los aranceles del sistema de prestaciones dispuesta por el Ministerio de Salud “no alcanza” frente al deterioro del sector.
Reforma en salud mental: críticas por “reinstitucionalización”
El segundo eje del paquete apunta a modificar la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), vigente desde hace más de una década. El Gobierno argumenta que busca “actualizar el marco normativo” y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a situaciones de riesgo.
Entre los cambios propuestos, se destaca la redefinición de los criterios para internaciones involuntarias, incorporando la noción de “riesgo grave” en lugar de “riesgo cierto e inminente”, además de dar mayor protagonismo a médicos psiquiatras en la toma de decisiones. También habilita la ampliación de establecimientos especializados, tanto públicos como privados.
Desde el oficialismo aseguran que la reforma permitirá intervenciones más rápidas y evitará vacíos legales. Sin embargo, organizaciones del sector encendieron alarmas. La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina advirtió que los problemas actuales no derivan de la ley vigente sino del desfinanciamiento del sistema de salud.