La firma con sede en Sunchales argumentó que el concurso preventivo dejó de ser viable. Arrastra deudas millonarias, caída productiva y salarios impagos, mientras la Justicia analiza el pedido.
La cooperativa láctea SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia, en una decisión que marca un punto crítico en su prolongada crisis financiera. La presentación fue realizada este miércoles ante el juez Marcelo Gelcich, quien lleva adelante el concurso preventivo en los tribunales de Rafaela, aunque aún no había sido incorporada formalmente al expediente.
Según trascendió, la empresa consideró que el concurso dejó de ser una herramienta viable para su recuperación. Entre los argumentos, mencionó la imposibilidad de recomponer su operación, la falta de ingresos suficientes, las dificultades para acceder al crédito y la ausencia de capital de trabajo. A esto se suman una estructura de costos insostenible y la acumulación de deudas salariales, fiscales y comerciales, además de la presión de los acreedores.
De acuerdo a datos verificados en la causa judicial, la firma enfrenta un pasivo cercano a los 120 millones de dólares —unos 90 millones de dólares y más de 40.000 millones de pesos— con más de 1.500 acreedores reconocidos.
El deterioro de la empresa no es reciente. Desde 2017, la cooperativa perdió participación en el mercado, redujo drásticamente su nivel de producción —de unos 4 millones de litros diarios a menos de 500.000—, vendió marcas históricas y cerró plantas. Un conflicto gremial de ocho meses con trabajadores nucleados en Atilra profundizó aún más la crisis. Actualmente, la empresa cuenta con unos 850 empleados.
En diciembre pasado, el magistrado designó a una coadministradora tras objeciones de la sindicatura sobre la gestión. En ese contexto, desde Atilra confirmaron el pedido de quiebra y señalaron que responde a un “estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva”.
El gremio también advirtió que la empresa se sostuvo en los últimos meses con el esfuerzo de los trabajadores, a quienes se les adeudan ocho meses de salarios, además de aguinaldos y aportes.
Mientras la Justicia analiza el planteo, el sindicato sostuvo que una eventual quiebra no implicaría el final de la firma, sino el inicio de una nueva etapa. En ese escenario, plantean la posibilidad de una continuidad productiva que permita preservar la marca y las fuentes de trabajo.