En lo que promete ser un giro de 180 grados para el mercado de trabajo en Argentina, se conoció este miércoles el texto definitivo de la Ley de Modernización Laboral. El documento surge tras una extensa reunión entre la senadora Patricia Bullrich y los bloques dialoguistas, logrando un consenso que busca reducir drásticamente la litigiosidad y fomentar la contratación privada.
El fin de las indemnizaciones tradicionales: llega el FAL
El corazón de la reforma reside en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo este nuevo esquema, los empleadores realizarán una contribución mensual obligatoria de entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial.
Este sistema, inspirado en modelos de capitalización, funcionará como un seguro de desempleo privado que reemplazará la indemnización por antigüedad (Art. 245 de la LCT). De este modo, ante un despido o retiro, el trabajador cobrará de su cuenta individual, evitando que las empresas deban afrontar desembolsos millonarios imprevistos.
Tres pilares que cambian las reglas del juego
El proyecto no solo modifica la salida laboral, sino también la estructura operativa de sectores críticos:
Plataformas Digitales: Se regula la situación de trabajadores de apps (Uber, Rappi, etc.). El texto ratifica que son «prestadores independientes», descartando la relación de dependencia, aunque obliga a las empresas a contratar seguros de accidentes personales.
Servicios Esenciales: Educación, salud y transporte son declarados bajo esta categoría. En caso de huelga, los gremios estarán obligados por ley a garantizar una prestación mínima del 75%.
Guerra a los Bloqueos: El nuevo artículo 20 ter tipifica como «infracción muy grave» la obstrucción de ingresos a empresas. Esto habilita formalmente el despido con causa para quienes participen en bloqueos sindicales.
Golpe a la caja sindical
Quizás el punto más polémico y que anticipa una batalla feroz en el Congreso es la modificación de la Ley 14.250. A partir del 1 de enero de 2028, las cuotas solidarias dejarán de ser obligatorias.
»Ningún trabajador podrá sufrir descuentos sindicales sin su consentimiento expreso e individual», reza el articulado que busca desfinanciar las estructuras gremiales que hoy descuentan fondos de forma automática a los no afiliados.
Además, el proyecto impone un techo a las contribuciones patronales: un 0,5% para cámaras empresarias y un 2% para sindicatos, limitando el margen de recaudación de las cúpulas corporativas y gremiales.
Lo que viene
El proyecto bajará al recinto del Senado en las próximas horas. Mientras el sector empresarial celebra la eliminación de multas y la flexibilidad, los sectores gremiales ya advierten sobre la inconstitucionalidad de varios puntos. El debate parlamentario será, sin duda, el más intenso de este 2026.