Los pedidos buscan confrontar versiones opuestas sobre el procedimiento realizado en 2018 y sobre presuntas coimas atribuidas al exfuncionario Roberto Baratta.
Los videos del allanamiento al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en la esquina de Juncal y Uruguay, exhibidos públicamente por primera vez esta semana, reavivaron la tensión en el juicio por los cuadernos de la corrupción.
Pero, a diez meses del inicio del debate oral, el Tribunal Oral Federal 7 enfrenta otros puntos críticos: dos pedidos de careos que buscan confrontar versiones opuestas sobre el procedimiento realizado en 2018 y sobre presuntas coimas atribuidas al exfuncionario Roberto Baratta.
El primer pedido de careo fue presentado por la defensa de Roberto Baratta, ex número dos del Ministerio de Planificación. Su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó que Baratta enfrente a los exdirectivos de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes declararon haber entregado USD 1 millón en coimas al exfuncionario.
Zabaleta dijo que entregó paquetes con pesos equivalentes a esa suma por orden de Betnaza, quien afirmó que los pagos buscaban obtener ayuda para evacuar empleados de Techint de Venezuela durante la nacionalización de Sidor. Baratta negó los hechos y acusó a ambos de mentir.
El segundo reclamo fue presentado por la fiscalía, que pidió un careo entre Juan Carlos Barrales, el comisario que dirigió el allanamiento al departamento de la entonces presidenta el 23 de agosto de 2018, y Julio Silva, encargado histórico del edificio. “Solo uno puede estar diciendo la verdad”, sostuvo la fiscal Fabiana León, al señalar contradicciones entre ambos testimonios. Silva declaró en mayo que escuchó al policía hablar con el juez Claudio Bonadio y recibir órdenes de permanecer en el lugar “hasta encontrar algo”, mientras que Barrales negó haber recibido gritos del magistrado y dijo no recordar que el encargado hubiera presenciado ese contacto.
El pedido se produjo durante la declaración de Barrales, jefe de la División Operaciones Federales en el momento del allanamiento. La audiencia incluyó una discusión entre la fiscal y el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, quien objetó la exhibición de imágenes del interior del departamento por considerar que afectaban la intimidad de su defendida. Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero autorizaron la proyección por mayoría.
Según la acusación, en el inmueble de Recoleta se habrían concretado 87 entregas por cerca de USD 70 millones. Barrales recordó que durante el procedimiento se detectó una puerta blindada detrás de la habitación principal, que comunicaba con un vestidor. La fiscalía busca confrontar esa versión con la del encargado, quien ante el Tribunal negó haber visto movimientos de bolsos vinculados al matrimonio presidencial y afirmó que en 2018 firmó su declaración “sin leer” porque se sintió presionado.
A estos planteos se suma la situación de testigos que aún no declararon y cuya comparecencia está bajo análisis. Entre ellos, Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, y Paolo Rocca, CEO de Techint. Ambos presentaron certificados médicos para justificar su ausencia. En el caso de Quiroga, los jueces ordenaron un examen psiquiátrico y psicológico: uno de los informes concluyó que puede declarar de manera remota, mientras que otro del Cuerpo Médico Forense lo desaconsejó.
Su eventual testimonio sería clave, ya que en 2013 denunció públicamente supuestos movimientos de bolsos con dinero vinculados al kirchnerismo y luego declaró ante Bonadio y Stornelli durante la instrucción del caso.
Rocca, por su parte, también evitó presentarse por razones de salud. Aunque fue procesado en la investigación inicial, luego fue sobreseído. Baratta reclama que el empresario declare como testigo, al considerar que su testimonio es relevante para confrontar las versiones de Betnaza y Zabaleta.
El Tribunal deberá resolver en los próximos días si autoriza los careos solicitados y si ordena la comparecencia de los testigos pendientes. Las decisiones podrían modificar el ritmo del juicio y definir la credibilidad de testimonios clave en una causa que, a casi un año de su inicio, sigue generando tensiones políticas y judiciales.
Agencia NA.