La Justicia de La Rioja ha tomado medidas drásticas ante la ola de amenazas que sacude a las instituciones educativas de la provincia. La jueza Karina Becerra confirmó en MEDIOS RIOJA que, en el marco de las investigaciones por los 15 hechos registrados hasta la fecha, se procedió al secuestro de dispositivos telefónicos para determinar el origen y el alcance de estas intimidaciones.
El objetivo principal de estas pericias tecnológicas es establecer una «ruta» de comunicación. Las autoridades buscan determinar si se trata de hechos aislados protagonizados por menores de edad o si existe una conexión con alguna red externa que esté fomentando estas conductas que alteran la paz escolar.
El análisis de los terminales permitirá a los investigadores rastrear los mensajes y evaluar la verdadera naturaleza de las amenazas que han generado una profunda alarma en la comunidad. La magistrada fue contundente al señalar que el Estado no permitirá que estos actos queden impunes, asegurando que «toda situación será investigada hasta las últimas consecuencias». Según explicó, la intervención judicial busca determinar si detrás de cada caso hay una problemática de fondo o «simplemente una broma que no es broma, y que infiere una responsabilidad» legal para los involucrados.
Ante la gravedad del escenario, se anunció un nuevo protocolo de actuación que establece una hoja de ruta precisa para las escuelas y las fuerzas de seguridad. Becerra destacó la urgencia de esta medida debido a que «no se pueden tolerar amenazas que alteren la paz escolar», especialmente considerando que la mayoría de los protagonistas de estos incidentes son niñas, niños y adolescentes. Esta nueva normativa busca que todas las áreas, desde la seguridad hasta los juzgados de menores, actúen de manera coordinada para desactivar cualquier foco de conflicto de forma inmediata.
La respuesta judicial incluye también un fuerte componente de control sobre el entorno familiar de los menores, iniciando audiencias para establecer pautas de conducta y deberes de vigilancia. La jueza detalló que en este proceso de evaluación se analiza minuciosamente «el contexto social, la gravedad y si hay una cuestión de consumo o de salud mental». Estos encuentros con los padres son fundamentales para que la Justicia pueda determinar el grado de responsabilidad que les compete ante las acciones de sus hijos, quienes en muchos casos utilizan la tecnología para propagar el miedo.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado desesperado a la cordura y a la colaboración ciudadana para no entorpecer el trabajo de los peritos y fiscales. La jueza Becerra pidió encarecidamente «responsabilidad social para evitar rumores, y no difundir información falsa» que pueda circular a través de las redes sociales. Con el secuestro de los teléfonos celulares como prueba clave, el Poder Judicial de La Rioja busca enviar un mensaje claro de que el anonimato digital no garantiza la impunidad frente a hechos que ponen en vilo al sistema educativo provincial.