Después de meses de inactividad, el Senado volverá a poner sobre la mesa la discusión en torno al presupuesto universitario. La comisión de Educación será finalmente constituida este martes, con la reelección casi asegurada del senador Eduardo “Wado” de Pedro (Frente de Todos-Buenos Aires) como presidente, en un intento por reimpulsar la ley que fue sancionada en 2024 pero luego vetada por el presidente Javier Milei.
La propuesta, que había sido aprobada por dos tercios del Senado, apuntaba a fortalecer el presupuesto destinado a las universidades nacionales y actualizarlo según la inflación, además de recomponer los salarios del personal docente y no docente.
Una ley que fue boicoteada tras su sanción
El texto legislativo había sido sancionado tras una movida exprés liderada por la oposición, luego de que la Cámara de Diputados acelerara el tratamiento del proyecto. La iniciativa obtuvo 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Sin embargo, el presidente Milei optó por vetarla, y el intento de insistencia en Diputados fracasó por la negativa de un grupo de legisladores radicales con afinidad hacia el oficialismo.
Entre los senadores del PRO que acompañaron la iniciativa figuraron Guadalupe Tagliaferri, recientemente electa legisladora porteña junto a Horacio Rodríguez Larreta; Luis Juez, ex jefe de bancada y cercano a Milei; y Beatriz Ávila, hoy al frente de la comisión bicameral de la Biblioteca del Congreso. En tanto, la pampeana Victoria Huala se abstuvo, y votaron en contra Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Martín Goerling (Misiones) y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos), este último actual presidente del bloque macrista.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma vetada por el Ejecutivo establecía una recomposición salarial desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de su eventual sanción, con un impacto presupuestario estimado para 2024 de $738.595 millones, equivalentes al 0,14% del PBI.
Además, se preveía una actualización de los créditos presupuestarios para gastos operativos de las universidades basada en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023. Posteriormente, los montos serían ajustados bimestralmente en función de la inflación, descontando los aumentos ya otorgados. El proyecto también contemplaba que, en caso de existir una mejora salarial acordada en paritarias, esta tendría prevalencia por sobre lo establecido en la ley.
Los discursos en el recinto: posiciones encontradas
Durante el debate parlamentario, el senador libertario Bruno Olivera cuestionó: “¿Qué hicieron cuando eran gobierno y no se les subió un peso a todas las instituciones?”. En esa línea, mencionó revisiones que habrían detectado fondos que “no se canalizaron de manera eficiente”.
Olivera defendió la gestión actual afirmando que, al inicio del gobierno de Javier Milei, se giraron $14.000 millones que “se debían” con un retraso de 60 días heredado de la gestión anterior. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta bien clara de equilibrio fiscal y no se negocia”, remató.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad destacó la gravedad de la situación: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.
“Del otro, un Presidente que ya decidió que vetará la ley”, agregó, y concluyó: “¿Se entiende la magnitud de semejante contraste? Una sociedad que pide recursos para la educación; un gobierno que se los niega. Por eso, el papel del Congreso es fundamental. Más que nunca, tenemos representar fielmente a quienes, con su voto, nos dieron la responsabilidad de ocupar estas bancas”.