La directora ejecutiva de red por la infancia expuso hoy al respecto en el senado. También participó de la reunión la presidenta de la asociación civil arco violeta. Por otra parte, integrantes de la comisión votaron un pronunciamiento de su autoría en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y prestaron conformidad al informe presentado oportunamente por la defensoría.
Al comenzar la reunión, la presidenta de la comisión Bicameral permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presidida por la senadora por la Rioja, Clara Del Valle Vega (Hay Futuro Argentina) presentó a las dos invitadas del día y, al concluir la reunión destacó la importancia de que «seamos todos agentes preventores del delito» y de que «todos los recursos que se destinan desde el Estado cumplan un rol activo y evitemos que por ahí tantos organismos ocupados del mismo tema estén ocupados cada uno en su lugar en lugar de buscar atender la víctima».
Por otra parte, integrantes de la Comisión prestaron conformidad a la presentación del informe que hizo la Defensoría y votaron un pronunciamiento realizado por Bicameral para «consolidar los logros consolidados en estos cuarenta años de democracia y avanzar en los desafíos de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes».
Primeramente, hizo uso de la palabra la Presidenta de la Asociación Civil Arco Violeta, Claudia Rizzo, quien presentó la iniciativa «La pelota lleva la palabra»: «consiste en transmitir, concientizar y visibilizar el bulling, la violencia y la discriminación en el ámbito deportivo», detalló al tiempo que manifestó: «queremos que esta propuesta sea una propuesta federal».
Luego, la Directora Ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Watcher expuso sobre Argentina y los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia y se refirió a la construcción del «índice fuera de las sombras».
«En el ranking global la Argentina ocupa el puesto número cuarenta y nueve de sesenta y tiene grandes fortalezas y grandes desafíos», informó Paula Watcher y afirmó que «en el eje de prevención estamos por debajo de la media global y de la media regional, en términos de legislación estamos por encima de la media; sí tenemos los mayores desafíos respecto a las políticas y programas y a la capacidad y compromisos nacionales».
Al respecto, detalló temas a debatir que entraron en la agenda pendiente respecto a mejoras en las Leyes 27.363 y 24.270. Luego se refirió a la edad de consentimiento y la excepción por cercanías de edad y señaló la recomendación de «elevar las edades para casos de figuras de autoridad y confianza, trece años resulta demasiado baja», «tipificar el delito de compra y venta de niños», «tipificar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco del turismo como un delito autónomo», y «adherir al Código de Ética de Turismo y adherir a la alianza de We Protect».
En cuanto a Políticas y Programas, sostuvo que «nos sugieren que podamos hacer extensiva la ESI también a padres, madres y adolescentes» y que «el desafío, cuando tenemos seis de cada diez niños por debajo de la línea de pobreza, es mejorar y fortalecer las medidas de protección contra la pobreza y la desigualdad». Además, se refirió a la importancia de la realización de campañas masivas y sostenidas de prevención contra la violencia».
También destacó la necesidad de «elaborar un plan nacional específico e integral de lucha contra las violencias en general y contra el abuso y la explotación sexual en particular», y de «crear sistemas de registro estadístico que midan la prevalencia del abuso contra niños, niñas y adolescentes».
Seguido, la Directora Ejecutiva de Red por la Infancia, observó que «en el eje respuesta estamos por debajo de la media global y regional y, en los dos ejes que tiene que ver con los servicios de apoyo y recuperación para víctimas y el proceso de justicia, también estamos por debajo de ambas medias». «Descuidamos la recuperación de largo plazo, tenemos que pensar más allá de la emergencia», subrayó al tiempo que aconsejó «repasar la multiplicidad de líneas de emergencia que tenemos y ver cómo fomentamos la conectividad y la interacción entre ambas», «garantizar un piso mínimo de respuesta a nivel federal»; «garantizar las líneas telefónicas en plataformas amigables para niños, niñas y adolescentes».
Por último, en relación a la coordinación interinstitucional, remarcó que «no tenemos protocolos de articulación que garanticen la intervención adecuada y conjunta entre todos los actores que conforman el sistema de protección integral, tenemos que empezar a trabajar sobre esos protocolos». Asimismo, remarcó la importancia de «los centros especializados en atención integral a víctimas de violencia sexual», se refirió al «derecho a la reparación económica» e indicó que «respecto de los procesos de judiciales necesitamos que haya pisos mínimos a nivel federal y que se piense una reforma integral de la arquitectura del proceso judicial». «También necesitamos avanzar en el monitoreo y evaluación del sistema de justicia», concluyó.