Representantes gremiales, académicos y del sector productivo alertaron sobre los efectos de las decisiones del gobierno nacional, como la pérdida de empleos y el debilitamiento del Estado. Reclamaron dar una “batalla cultural” en defensa del trabajo, la democracia y los consensos, y propusieron estrategias colectivas para proteger derechos y fortalecer el desarrollo local.
Durante la II Asamblea del Consejo Económico y Social, realizada este miércoles en La Rioja, representantes sindicales, de cámaras productivas, del Consejo de Abogados y de la Universidad Tecnológica Nacional expresaron su preocupación por la situación de los sectores que representan. Coincidieron en que las políticas implementadas por el gobierno nacional están generando pérdida de puestos de trabajo y un debilitamiento del Estado.
Alfredo Arana, titular de ATE La Rioja, remarcó la necesidad de sostener el diálogo y el consenso entre el ámbito público y privado. “Estamos ante una política de destrucción masiva de todo lo que tiene que ver con el Estado nacional, con consecuencias gravísimas que muchos aún no dimensionan”, advirtió. Indicó que los más de 54 mil despidos registrados a nivel nacional afectan áreas clave como ciencia y técnica, seguridad, transporte, educación y producción.
Arana también alertó sobre el Decreto 462 que permitiría la disolución de organismos como INTI e INTA, lo que implicaría 400 despidos adicionales, sumados a los más de 200 ya registrados en la provincia. “Se están eliminando no solo políticas públicas, sino también palabras y conceptos como agricultura familiar o pequeña producción. Eso erosiona la democracia y la diversidad social”, concluyó.
Una apuesta a lo colectivo
Arnol Díaz, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), también señaló que “más del 50% de la población trabaja en la economía popular, y ese sector parece haber sido elegido como enemigo por el gobierno nacional”. Subrayó la necesidad de sumar a los recicladores y cartoneros a la Comisión de Ambiente del Consejo, y cuestionó el avance del emprendedurismo como modelo excluyente.
“No podemos seguir profundizando el individualismo. Desde los movimientos sociales creemos en lo colectivo. Como dijo el Papa Francisco, nadie se salva solo”, expresó Díaz.
Una mirada desde la educación y la producción
El decano de la UTN, José Nieto, señaló que desde la universidad se trabaja en sectores emergentes como la minería, y destacó la importancia de repensar la participación colectiva. “Hoy vivimos un sistema perverso que busca el déficit cero a costa del desfinanciamiento del Estado. Es aquí donde debemos construir consensos y políticas públicas sostenibles”, afirmó.
Nieto propuso crear un observatorio participativo, ambiental y minero en la provincia, desde una perspectiva responsable y sustentable.
En la misma línea, Juan Carlos Serrano, vicepresidente de UNIR, señaló que “la actividad económica está muy deprimida y los sectores más afectados son los más importantes para la provincia”.
Desde la Cámara Olivícola Riojana, en tanto, Diego Andrada planteó la necesidad de tener una mirada de largo plazo. “Estamos en un momento crítico. Necesitamos una visión estratégica para que las próximas generaciones encuentren una provincia mejor. El diálogo debe ser el camino”, afirmó.
Finalmente, Francisco Brizuela Montenegro, presidente del Consejo de Abogados, advirtió sobre el debilitamiento institucional y aseguró que “estamos en una democracia de baja intensidad, en riesgo constante. Se gobierna con decretos, sin respetar el marco del Estado de derecho, lo cual es una amenaza directa a las libertades”. “La seguridad jurídica no se construye con vetos ni DNU. Necesitamos leyes con consenso, discutidas en el Congreso, como exige una república democrática”, concluyó.