La procuración bonaerense pidió este martes a un tribunal de enjuiciamiento la destitución del fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, quien está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla.
El fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Gómez, quien alegó esta tarde en representación de la procuración, consideró que Scapolán cometió «un sinfín de hechos de suma gravedad».
El jury al suspendido fiscal de San Isidro se lleva a cabo en el anexo del Senado bonaerense, ubicado en el edificio situado en las calles 7 y 49 de La Plata, donde luego de los alegatos de la parte acusatoria se desarrollaba la exposición de la defensa, a cargo del propio imputado.
«Se acreditó que el fiscal Scapolán intervenía en procesos federales cuando no le correspondía hacerlo, intervenía en procesos de jurisdicción ajena a su competencia siempre con el mismo modus operandis, denominado rulo, que se anularon los procedimientos, entre un sinfín de hechos de suma gravedad». sostuvo Gómez.
El acusador sostuvo que «los delitos e irregularidades» son «suficientes para pedir la destitución» de Scapolán y pidió luchar contra el narcotráfico para evitar «la mutación del Estado de Derecho a un Estado de violencia».
«El hecho es grave, el delito es grave y las consecuencias aún más graves», consideró Gómez, quien entendió que Scapolán es culpable «por acción u omisión».
«El fiscal es el director de un procedimiento y los efectivos siempre siguen sus órdenes», explicó y seguidamente señaló que Scapolán fue «una pieza fundamental» en los delitos e irregularidades cometidos en el operativo «Leones Blancos», una de las causas en las que intervino.
También mencionó que dos personas vinculados a los hechos murieron durante la pesquisa, como el financista asesinado Daniel Guastini, y un policía arrepentido de apellido Caviglia.
A su vez, Gómez repasó pruebas de los distintos casos y testimonios y en más de una ocasión se preguntó por qué un fiscal del fuero ordinario intervenía en casos de competencia federal como el narcotráfico.
Para el acusador «es falaz» que las irregularidades en los procedimientos se debieron a una supuesta falsa de personal y que las mismas fueron de «tal magnitud» que, incluso, derivó en la nulidad de muchos de ellos.
Según Gómez, hubo «una operatoria totalmente irregular» por parte de Scapolán y sostuvo que se cometieron «aprietes, extorsiones, amenazas, robo y tráfico de estupefacientes» en los procedimientos en los que el fiscal intervenía.
«La falta de control era la norma en los procedimientos», dijo Gómez y calificó el desempeño de Scapolán como «incompetente y negligente. Merece ser destituido y así lo solicito».
Scapolán fue suspendido de sus funciones el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand, y se dispuso un embargo del 40 por ciento de su sueldo.
El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso.
Además, lo integran los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
Scapolán está acusado de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para la jueza la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías bonaerenses y abogados actuaba «con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo».
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015.
Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesadas y serán llevadas a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quedó afuera del proceso hasta ser destituido. (Télam)