La provincia de La Rioja ha decidido retomar formalmente su histórica disputa limítrofe con San Juan, buscando recuperar un territorio de más de 3.000 kilómetros cuadrados que, según las autoridades riojanas, fue arrebatado durante la última dictadura militar. A través de un impulso de la Legislatura provincial, el gobierno de La Rioja se prepara para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo que el decreto que fijó los límites actuales carece de validez constitucional.
Pedro Goyochea, Asesor General de Gobierno de la provincia, explicó que la herramienta jurídica que hoy activa La Rioja busca subsanar lo que considera un despojo institucional. Según Goyochea, la fijación de límites provinciales es una competencia exclusiva del Congreso de la Nación, por lo que cualquier disposición tomada por una administración de facto, como el Decreto 18.004 de 1974, resulta nula. Al respecto, el funcionario subrayó que «la cuestión de límites es potestad exclusiva y excluyente del Congreso» y que el gobierno provincial está facultado para «instar, de manera que se pueda concretar la materialización de la regularización de la Ley».
El argumento central del Ejecutivo riojano se apoya en la jurisprudencia que sostiene que los actos normativos de la dictadura no fueron ratificados por el cuerpo legislativo nacional. Para Goyochea, el sentido común jurídico es suficiente para determinar la ilegitimidad del proceso. «Son insanablemente nulos los actos de la dictadura militar. Por eso retoma la agenda política institucional por una acción de la Corte que dijo que no fueron ratificadas las leyes de la dictadura. Esa ley viene viciada en su origen», sentenció el asesor.
El reclamo, sin embargo, no es nuevo para la política riojana. A lo largo de las décadas, diversos referentes han intentado encauzar esta demanda ante el Congreso, aunque sin éxito definitivo. Desde el antecedente del diputado Galván en la década del 70, pasando por las iniciativas impulsadas en los años 90 y 2010 por figuras como Alejandra Oviedo, Adrián Menem, Julio Martínez y el expresidente Carlos Saúl Menem, el tema ha permanecido en el debate público sin resolverse.
Hoy, el gobierno provincial busca dejar atrás la instancia de la simple protesta política para avanzar hacia una resolución judicial. El objetivo es que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de los decretos de facto y restablezca la soberanía territorial riojana sobre la zona en disputa. «Hoy lo que recupera La Rioja es la posibilidad de institucionalizar un reclamo que históricamente llevó a cabo», concluyó Goyochea sobre la relevancia de la actual estrategia.