La reciente graduación de un interno del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) como psicopedagogo ha generado un profundo malestar en la sociedad y, especialmente, en el entorno de las víctimas. El hecho, que fue difundido como un logro de gestión por parte de la dirección del SPP, ha sido duramente criticado en MEDIOS RIOJA, por la abogada querellante en la causa, Soledad Varas, quien calificó la celebración del evento como una «desinteligencia» y una falta de empatía institucional.
El caso y la condena
El interno en cuestión fue condenado en el año 2020 a una pena de 10 años de prisión por el delito de abuso sexual simple, agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima. El victimario, quien se desempeñaba como docente y profesor particular de la menor, utilizó su posición de confianza para cometer el ilícito.
Sobre la sentencia, Varas explicó que la pena impuesta respondió a la calificación legal de abuso sexual simple, a pesar del agravante por su rol de educador, un punto que sigue siendo motivo de análisis respecto a la expectativa social de justicia.
La postura de la querellante
Si bien la Dra. Varas reconoció el rol fundamental que cumplen la educación y la formación técnica dentro de los contextos de encierro como herramientas para la reinserción social —tal como lo estipula la Constitución Nacional—, subrayó la contradicción ética de la situación:
«Lo que causa malestar es la falta de empatía de la directora del SPP de festejar y celebrar, más allá de que pueda ser tomado como un logro de su gestión. Estamos hablando de una persona que se recibe de psicopedagogo, una profesión que implica trabajar con menores. Hay una desinteligencia por parte de la prensa del SPP al presentarlo como un hito, cuando por el delito cometido, este tipo de festejos resulta inadmisible para las víctimas y la sociedad».
¿Podrá ejercer?
El foco ahora se traslada al Colegio de Profesionales de Psicopedagogía. La abogada querellante instó a las autoridades de dicho organismo a tomar cartas en el asunto y evaluar con rigor los antecedentes penales del ahora graduado, señalando que el ejercicio de la profesión debe estar supeditado al cumplimiento de requisitos éticos y legales que garanticen la protección de los destinatarios de su labor, especialmente tratándose de menores.