Una base de datos que surge a partir de la información de los concursos registró que las mujeres representan el 54% del sistema judicial argentino, pero solo el 25% alcanzan cargos altos.
El «techo de cristal» en la Justicia es moneda corriente en el sistema argentino. Un documento realizado en base a la información de los concursos convocados de 1999 a 2018 revela que del 54% de mujeres que hay dentro de la Justicia, solo el 25% alcanzan puestos de jerarquía.
A pesar de estar en promedio más capacitadas, apenas el 23% del total de quienes se presentan son mujeres. Sin embargo, una vez que se inscriben, las mujeres avanzan con mejores resultados que los varones en las sucesivas etapas de los concursos. El porcentaje de participación femenina va aumentando en cada etapa: pasa del 23% inicial al 32% en la etapa final.
Una posible explicación podría encontrarse en que, a lo largo de las distintas etapas, las mujeres tienen mayor puntaje (tanto en los exámenes de oposición como en los antecedentes y en los resultados finales). Otra variable que influye en el proceso de selección es la edad. Las concursantes son mayores que sus pares varones: las mujeres que resultan exitosas tienen un promedio de edad de 54 años, mientras que los hombres, una media de 51.
Los datos son llamativos, ya que en el sistema de justicia argentino, encontramos que las mujeres representan más de la mitad de la población judicial. Pero ellas son las que ocupan en un 54% el total del personal, el 58% del equipo administrativo y el 56% del funcionariado, pero apenas el 25% de los cargos más altos.
Todavía, hay barreras invisibles que le dificultan a las mujeres ocupar puestos de mayor decisión y jerarquía, que se definen por concurso. A simple vista, el proceso de selección es neutral y meritocrático, pero si miramos detalladamente hay un camino distinto para varones y mujeres.
La baja inscripción de las mujeres, la variable de la edad y los promedios obtenidos son claves que ilustran las experiencias desiguales entre concursantes varones y mujeres. Una es la falta de perspectiva de género de la normativa del concurso.
Los concursos fueron diseñados con la experiencia masculina en mente y son ciegos a las situaciones que enfrentan las mujeres. Sobrevaloran aspectos como la producción jurídica, escribir libros o artículos, o acceder a cursos de capacitación y especialización, por sobre la idoneidad y la capacidad en la resoluciones judiciales.
También otro punto a tener en cuenta es la articulación entre el comportamiento de las mujeres en el ámbito laboral judicial y en el espacio doméstico, donde las tareas del cuidado recaen mayoritariamente sobre ellas.
El problema del “techo de cristal” en el Poder Judicial no puede pensarse de forma aislada, sino que está relacionado con la tensión entre la vida familiar y la laboral, y en cómo esta repercute de manera distinta para hombres y mujeres en detrimento de ellas. A las barreras sociales mencionadas se le suman las barreras autoimpuestas. Los niveles de confianza y autoestima también tienen un impacto diferencial entre varones y mujeres.
Debido a la disparidad estructural mencionada, las mujeres no están en igualdad de condiciones respecto de sus pares varones. Por lo tanto, este proceso de selección de jueces y juezas no es igualitario, desincentiva la participación de las mujeres en los concursos y profundiza el techo de cristal existente.
Esta situación requiere de mejorar la política pública en los procesos de selección como la promoción de modificaciones reglamentarias que contemplen las distintas barreras sociales y culturales con las que las mujeres se enfrentan en la evaluación de sus antecedentes.
La generación de vacantes: un cupo de género que garantice la equiparación en la integración de las cámaras entre varones y mujeres, que incentivará una mayor inscripción de mujeres.
Otro de los puntos a tener en cuenta es dar un mayor peso relativo en el puntaje final a los exámenes de oposición que a los antecedentes, pues está constatado que las personas jóvenes y las mujeres rinden, en promedio, mejores exámenes.
Al mismo tiempo, generar evidencia empírica constante y actualizada para monitorear los datos y evaluar si se modifican o no con el tiempo los números de mujeres inscriptas a los concursos.
También impulsar campañas de comunicación para incentivar a las mujeres a presentarse a los concursos y diseñar una política presupuestaria de concursos con perspectiva de género, destinando recursos específicos a su planificación, desarrollo y evaluación.