El secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary, reclamó al Congreso que elimine la ley que ratificó el convenio bilateral de 1990. Cuestionó los beneficios otorgados a los inversores británicos en medio de la disputa por la soberanía.
El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación que derogue la Ley 24.184, mediante la cual la Argentina ratificó el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado con el Reino Unido en 1990.
El funcionario calificó como un “error geopolítico” mantener vigente un acuerdo que garantiza a los inversores británicos el trato de “nación más favorecida” en medio de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur.
Dachary dirigió el planteo al Senado y a la Cámara de Diputados a través de una publicación en su cuenta de X. “Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184”, afirmó.
“Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, sostuvo el funcionario fueguino. También cuestionó que el acuerdo conceda beneficios y habilite mecanismos de resolución de controversias frente al mismo Estado con el que la Argentina mantiene el reclamo territorial.
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Qué establece el tratado con el Reino Unido
La Ley 24.184 ratificó el convenio bilateral suscrito en Londres el 11 de diciembre de 1990. El Congreso la sancionó el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem.
El acuerdo dispone que las inversiones procedentes de una de las partes no pueden recibir en el territorio de la otra un trato menos favorable que el otorgado a los inversores nacionales o a los provenientes de terceros países.
También garantiza la libre transferencia de ganancias, establece protecciones frente a expropiaciones sin compensación y contempla mecanismos de arbitraje internacional para resolver eventuales controversias.
El convenio surgió durante el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido posterior a la Guerra de Malvinas de 1982. Ese proceso incluyó los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990.
La discusión planteada por Dachary no se limita a una derogación legislativa inmediata. El propio tratado establece que las inversiones realizadas mientras se encontraba vigente conservarán su protección durante otros 15 años después de una eventual denuncia del convenio.
El reclamo llegó después de los anuncios de Milei
El pedido del funcionario fueguino se conoció días después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció medidas relacionadas con Malvinas y la presencia estratégica argentina en el Atlántico Sur.
Entre ellas se encuentran el incremento del presupuesto de Defensa para avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.
El Gobierno también anunció una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las islas.
Las firmas señaladas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La presentación estará basada en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en torno a las Islas Malvinas.
Un pedido dirigido al Congreso
Dachary conduce la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, bajo la administración del gobernador Gustavo Melella.
Después de la cadena nacional, Melella había respaldado el cambio de posición del Gobierno nacional sobre Malvinas, aunque reclamó avanzar desde las declaraciones hacia medidas concretas y construir una posición política e institucional común.
El pedido de derogación deberá canalizarse mediante un proyecto y obtener la aprobación del Congreso. Hasta el momento, el planteo difundido por Dachary constituye una solicitud pública dirigida a ambas cámaras y no una decisión ya adoptada por el Poder Legislativo.