El abogado Nicolás Mercado, representante de los denunciantes, cargó duramente contra la cúpula policial y el sistema judicial tras los graves hechos de tortura y privación ilegítima de la libertad en la comisaría de Ulapes.
La investigación por apremios ilegales en la Comisaría de Ulapes ha escalado a nivel político y judicial. Tras el desplazamiento de la cúpula policial local (Durán y Castillo) y el apartamiento del fiscal López, el abogado Nicolás Mercado, representante de las víctimas, calificó las medidas de «tardías» y exigió una respuesta institucional profunda que alcance a los responsables jerárquicos.
«Un sistema vergonzante»
Mercado fue contundente al analizar cómo se gestó la investigación y el rol del Ministerio Público. Según el letrado, la inacción inicial permitió que los responsables tuvieran tiempo para maniobrar.
«El apartamiento del fiscal fue tardío. Dos horas, una hora en la investigación de un hecho, es mucho. Todavía nuestro sistema procesal no instruye y es limitada la diligencia. Es otro análisis que tenemos que hacer con la implementación del sistema procesal penal. Es vergonzante».
El abogado adelantó que la causa ahora se encamina con la intervención del fiscal La Colina, a quien espera consultar sobre la promoción de la acción penal contra los implicados.
Detenciones ilegales y ocultamiento de pruebas
El caso involucra la detención de al menos cuatro personas —incluidos dos ciudadanos mendocinos—, quienes habrían sido privados de su libertad utilizando expedientes contravencionales como fachada. Mercado denunció una maniobra para entorpecer la justicia cuando la jueza Llaryora ordenó la libertad de los detenidos.
«Hasta ayer no llegaba el oficio del jefe de la Regional a la sala que interviene porque necesitaba ver el informe médico. Tipo 12:55, casi al cierre de tribunales, llegó el informe que no contenía el real informe que le pedía la doctora, sino que remitieron un oficio, firmado por el jefe de la Regional, Luján, diciendo que son puestos en libertad a la hora 14, en Ulapes».
Para el abogado, la «verticalidad» de la fuerza policial hace imposible que el Jefe de la Regional, Luján, desconociera lo que ocurría en la comisaría bajo su mando.
Interpelación al gobierno provincial
Más allá de las responsabilidades individuales, Mercado elevó el tono contra la política de seguridad del Ejecutivo provincial. El letrado responsabilizó directamente al ministro de Seguridad, Zárate, y emplazó al gobernador Ricardo Quintela a definir qué modelo de seguridad pretende para La Rioja.
«Hablo de una política de seguridad del gobierno y responsabilizo al ministro Zárate, a la cúpula policial. La respuesta no es desplazar a los comisarios. Ricardo Quintela deberá decidir si sigue teniendo una policía brava, o va a cambiar».
Finalmente, Mercado advirtió que la situación en Ulapes no es un caso aislado. Según el abogado, la Secretaría de Derechos Humanos está recibiendo múltiples denuncias de ciudadanos de la región que, históricamente, no han encontrado eco en las fiscalías locales. «Volvemos al viejo ‘por algo será’, y nunca más. Nunca más un pensamiento como ese», sentenció.