El Ministro de Seguridad, Miguel Zárate, confirmó el apartamiento de siete efectivos mientras se sustancia un sumario administrativo y avanza la investigación judicial por presuntos abusos en un procedimiento rural.
Tras conocerse una denuncia por supuestos apremios ilegales y lesiones contra personal policial en la localidad de Ulapes, el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la provincia dispuso el apartamiento preventivo de los efectivos involucrados.
El ministro Miguel Zárate brindó detalles sobre el accionar de la cartera, subrayando que la medida busca garantizar la transparencia y el debido proceso mientras se esclarecen los hechos.
Los hechos
La denuncia se originó tras un procedimiento policial en una zona rural, donde se investigaba un hecho de robo de documentación y dinero en efectivo. Tras un seguimiento de huellas, personal policial logró la detención de dos hombres oriundos de Mendoza. Fue en ese contexto de aprehensión donde los sujetos denunciaron haber sufrido agresiones físicas y apremios ilegales por parte de los uniformados actuantes.
Zárate explicó que las detenciones se realizaron bajo las facultades preventivas que otorga el Código de Faltas ante la sospecha de un ilícito en curso, pero aclaró que esto no exime a los efectivos de cumplir estrictamente con los protocolos constitucionales.
Acciones administrativas
Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio tomó medidas inmediatas:
- Desplazamiento: Se apartó de sus funciones a los dos jefes de la dependencia de Ulapes.
- Investigación profunda: Se desplazó además a otros cinco efectivos que participaron del procedimiento para investigar la conducta de todo el grupo.
- Sumario: Se inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades. El ministro indicó que el resultado de este proceso —que contempla sanciones desde la suspensión hasta la expulsión— deberá estar fundado en pruebas concretas y respetar el derecho a la defensa.
«No toleraremos excesos»
El titular de la cartera de Seguridad fue enfático al señalar que el Estado riojano tiene un «compromiso absoluto» con los derechos humanos. «De ninguna manera vamos a tolerar y permitir excesos en el accionar del personal policial. Si eso ocurre, tomaremos las medidas que corresponden, sin demora alguna», afirmó Zárate.
Sobre las pruebas, el funcionario confirmó que los detenidos fueron revisados por médicos forenses, cuyos informes serán fundamentales para constatar las lesiones denunciadas y establecer el estado de las personas al momento del ingreso y egreso de la dependencia.
Rechazo a la politización
Finalmente, ante versiones que intentan vincular este hecho con la gestión gubernamental, el ministro calificó tales interpretaciones como «desproporcionadas». «Esto no tiene nada que ver con una gestión de gobierno. Se trata de conductas individuales de funcionarios policiales que, de confirmarse, serán sancionadas según la ley. Sería una barbaridad pensar que desde el Ministerio se los manda a realizar este tipo de actos», concluyó.
El caso se encuentra actualmente en la órbita de la Justicia, que investiga en paralelo tanto el hecho delictivo original (el robo) como la denuncia por violencia institucional contra la fuerza policial.