La interna sindical dio un nuevo giro explosivo: el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este lunes la declaración indagatoria de seis personas, entre ellas el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el diputado nacional libertario Pablo Ansaloni. La acusación: formar parte de un plan para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y tomar el control de su conducción.
Escándalo por coimas: Martín Menem defendió a Karina MileiEl pedido fue elevado al juez federal Sebastián Casanello y se basa en una denuncia presentada por el actual secretario general del gremio, José Voytenco. La causa, que se inició el 5 de febrero de 2025, apunta a un entramado político-sindical que habría operado con apoyo institucional para desplazar a las autoridades electas del sindicato.
La pista de los allanamientos y las carpetas “Compras”
La investigación cobró fuerza tras el allanamiento del 21 de febrero a la sede de la obra social OSPRERA. Allí se hallaron carpetas digitales tituladas “Compras” y dispositivos electrónicos que, según la fiscalía, aportaron elementos clave para sustentar la denuncia de Voytenco.
En el requerimiento judicial, Marijuan argumentó que “se encuentra reunido el grado de sospecha” necesario para convocar a los acusados a declarar, según lo establecido por el artículo 294 del Código Procesal Penal.
Quiénes son los implicados en la causa
Además de Cordero y Ansaloni, el fiscal pidió la citación de:
Claudio Alberto Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales
Marcelo Carlos Petroni, interventor de OSPRERA
Marcelo Agustín Andrada, ex titular de la seccional La Plata de UATRE
Aixa Laura Petriati, ex subdelegada de UATRE en Buenos Aires
Todos ellos deberán responder por posibles delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento, tipificados en los artículos 248, 256 bis y 277 del Código Penal.
El foco de la acusación está en la firma de un dictamen, con fecha 29 de enero de 2025, por parte de Claudio Aquino. El documento pedía formalmente la intervención judicial de UATRE, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo que terminó en la resolución firmada por Julio Cordero, secretario de Trabajo.
Según la denuncia de Voytenco, esto no fue un hecho aislado: formaría parte de una maniobra coordinada tras la derrota de Ansaloni en las elecciones internas de 2022. Desde entonces, se habrían realizado movimientos para copar tanto el sindicato como su obra social, incluyendo designaciones arbitrarias y contratos por servicios que no se habrían prestado.
Voytenco denunció que desde fines de 2024, tanto Ansaloni como los ex dirigentes Andrada y Petriati se jactaban en ámbitos sindicales y políticos de tener la capacidad de intervenir UATRE, incluso antes de que existiera una resolución formal. Circularon borradores con supuestos expedientes que, según el denunciante, citaban hechos falsos.
Además, apuntó que el director nacional de Asociaciones Sindicales no tendría facultades legales para emitir el dictamen que finalmente firmó. A pesar de ello, el documento fue utilizado para solicitar la intervención judicial del gremio, activando un proceso que ahora está bajo la lupa de la Justicia federal.