La causa investiga denuncias de personas que aseguraron haber sido encapuchadas y golpeadas en una comisaría de Ulapes. Persisten las contradicciones sobre la situación administrativa de los efectivos.
El expediente se originó a partir del relato de personas que denunciaron haber sido detenidas y trasladadas a la seccional, donde habrían sido encapuchadas y sometidas a agresiones físicas para obligarlas a confesar la comisión de un delito.
El fiscal Julián de la Colina confirmó públicamente las imputaciones y detalló que la investigación alcanzaba a cinco policías que estaban de guardia, al comisario, al segundo jefe y a otro oficial. Distintos medios informaron, además, que no había detenidos y que continuaban pendientes medidas judiciales solicitadas por las partes.
Por su parte, la representación legal de los denunciantes advirtió sobre las dificultades para individualizar materialmente a los autores debido a que las víctimas tenían el rostro cubierto, y exigió la preservación de elementos probatorios clave, como el libro de guardia y registros de cámaras de seguridad.
En paralelo al avance en el ámbito judicial, la causa generó contrapuntos respecto a la situación administrativa y funcional de los efectivos involucrados. Mientras que los primeros informes indicaban que el área de Asuntos Internos había dispuesto el apartamiento preventivo de la totalidad de los acusados, posteriormente trascendió que los agentes se encontraban bajo licencias médicas o administrativas, pero sin una suspensión formal de sus cargos.
Ante este panorama, la querella presentó documentación certificada ante los organismos internos para exigir mayor celeridad en los sumarios y una definición sobre el estado laboral de los involucrados. La Secretaría de Derechos Humanos provincial, que interviene en el expediente desde el inicio, también reclamó celeridad en la investigación y el resguardo de las pruebas, mientras la causa continúa su curso sin condenas y con medidas pendientes de resolución.