Las amenazas las dirigió al sistema de atención de emergencias 911 desde cinco distintos teléfonos en donde dio distintas identidades.
Un joven fue procesado con prisión preventiva acusado de haber realizado 34 amenazas de bomba en tres meses a lugares como la Casa Rosada, el Congreso, estaciones de tren y subte y medios de comunicación, entre otros.
La medida fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini para con Facundo Maximiliano Martínez Radaelli, el autor de los llamados intimidatorios realizados entre el 13 de agosto y el 9 de noviembre pasados.
Las amenazas las dirigió al sistema de atención de emergencias 911 desde cinco distintos teléfonos en donde dio distintas identidades. Ahora, fue procesado con preventiva por amenazas coactivas e intimidación pública: además, le fijaron un embargo de 20 millones de pesos.
Según las alertas recibidas, las amenazas fueron por la supuesta existencia de bombas en Casa Rosada el 13 de agosto, mismo día en que se denunció también un artefacto en la Cámara Nacional Electoral.
También hubo llamados anunciando la existencia de una artefactos explosivos en la red ferroviaria, en el Congreso de la Nación, en medios de comunicación, en el búnker de Unión por la Patria y en colegios.
Las llamadas las hacía utilizando redes de Wi-Fi provistas por una empresa de telecomunicaciones, pero se valoró que el contenido de las amenazas eran todas similares y por un mismo timbre de voz.
«Se advierte que las circunstancias expuestas con anterioridad revelan que se cuenta con un plexo probatorio suficiente como para afirmar que Martínez Radaelli fue quien efectuó la totalidad de las comunicaciones mencionadas», sostuvo Ercolini en su fallo.
«El hecho de que los llamados de alerta o amenazantes fueran proferidos en perjuicio de lugares sumamente concurridos, con gran circulación de personas y medios de transporte, o afectados al normal desenvolvimiento del proceso electoral nacional –tal es el caso de las amenazas proferidas contra la Casa Rosada, la Cámara Electoral, el Congreso de la Nación y el búnker del partido Unión por la Patria–, revelan que con su realización Martínez Radaelli pretendió infundir temor público y suscitar tumultos y desórdenes, al prever el impacto que los procedimientos y alertas generadas tendrían en la población en general y en las personas particularmente afectadas por las inspecciones», valoró.