La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) puso en marcha este martes una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país, en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar el salario social complementario. Se trata de un ingreso de $78.000 que dejará de pagarse a partir del 9 de abril y que alcanza a cientos de miles de trabajadores informales.
Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la organización busca instalar el conflicto en la agenda pública y cuestionar el rumbo de la política social. Desde el espacio remarcan que la medida impactará directamente en cerca de un millón de personas que dependen de ese ingreso para sostener su actividad cotidiana.
La organización —que agrupa a cartoneros, cooperativistas y trabajadores de comedores comunitarios— sostiene que la eliminación del salario social complementario implica un recorte directo sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, remarcan que no se trata de beneficiarios de asistencia, sino de trabajadores que generan sus propios ingresos en condiciones precarias.
A través de un comunicado, señalaron que el cambio en el esquema de actualización del ingreso, desvinculado del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ya había deteriorado su poder adquisitivo en los últimos meses. Ahora, con su eliminación, advierten que la situación social podría agravarse aún más en los barrios populares.
Impacto en el empleo y el consumo
Desde la UTEP vinculan la medida con un escenario más amplio de deterioro del mercado laboral. Según estimaciones del sector, la gestión de Javier Milei ya habría expulsado a más de 300.000 trabajadores del empleo formal, lo que incrementa la presión sobre la economía popular.
La secretaria gremial de la organización, Johana Duarte, advirtió que el impacto no se limita a quienes perciben el ingreso. “Es un golpe también a los comercios de cercanía, porque esa plata se vuelca directamente al consumo en los barrios”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó el caso de Chaco, donde unos 45.000 trabajadores recibían este ingreso. Según sus cálculos, la interrupción de esos fondos implicará que más de $3.500 millones dejarán de circular en la economía provincial, con una posible caída del consumo de entre 6% y 10%.
Tensión con el Gobierno y desafío al protocolo antipiquetes
La jornada de protesta también se presenta como un nuevo foco de tensión con el Gobierno nacional, especialmente por la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad.
Desde la UTEP aseguran que la convocatoria tendrá alcance federal y que los cortes se concentrarán en accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires y en capitales provinciales. En ese contexto, la movilización se perfila como una pulseada directa por el control de la calle, en medio de un clima social atravesado por el ajuste y la caída de ingresos en los sectores más precarizados.